Crean una asociación de afectados por la presunta estafa inmobiliaria

La plataforma, bautizada con el nombre 'Inversores Perjudiciados por Eurobrokers Benalmádena', fue creada por el letrado Juan Carlos Carrasco, que asiste a un importante número de extranjeros que reclaman cantidades millonarias al gestor detenido este miércoles por la Policía Nacional en Benalmádena.

El presidente del colectivo es un británico que denunció haber perdido 200.000 euros. «Son los ahorros de toda su vida», afirma el abogado, quien añade que el hijo de este cliente también está entre los afectados que habrían entregado sumas de dinero a la inmobiliaria.

Si Carrasco representa al grueso de los denunciantes extranjeros, el abogado Ramón Guerrero se ha hecho cargo de la defensa del principal grupo de perjudicados españoles. Su despacho asiste a 15 personas, entre ellas una madre y su hija que supuestamente entregaron 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, a la firma Eurobrokers, según han denunciado.

Agrupados en una sola causa

«Lo ideal sería que mis clientes también se incorporen a la asociación, aunque eso deberán decidirlo ellos», apunta Guerrero, quien asegura que en las últimas horas ha recibido varias llamadas de teléfono de nuevos afectados. Ambos letrados coinciden en que hay multitud de casos repartidos por otros juzgados y comisarías, por lo que van a intentar que se agrupen en una sola causa.

La Policía Nacional ya ha aportado en el juzgado el primer atestado sobre la presunta estafa, en el que se incorporan una veintena de denuncias y en el que se cifra el montante de lo supuestamente defraudado en 1.485.000 euros, como adelantó SUR en su edición de ayer.

La investigación, que comenzó a finales de 2009, ha dado lugar esta semana al arresto del supuesto responsable de Eurobrokers, J. L. G. M., de 69 años. Los agentes registraron su domicilio, en el que se incautaron de abundante documentación que está siendo analizada. El detenido quedó en libertad tras declarar durante tres horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, que sigue el caso.

Según la investigación, el acusado, al que se considera supuesto cabecilla de la trama, se presentaba como licenciado en Derecho y como «bróker experto en temas inmobiliarios y de inversiones» para ganarse la confianza de sus clientes.

Modus operandi

Los agentes han observado diferente forma de actuar en las denuncias analizadas. Algunos de los perjudicados habrían confiado a la inmobiliaria importantes cantidades de dinero para invertir en inmuebles.

En otros casos, las víctimas habrían puesto en manos de esta empresa sus propiedades para que fuesen vendidas. La compañía les habría solicitado poderes notariales generales alegando como motivo aligerar «trámites y papeleo» y evitar molestias a los clientes.

Según los denunciantes, estos poderes supuestamente se utilizaron para obtener hipotecas sobre los inmuebles. Los afectados descubrieron esta situación cuando empezaron a llegarles los plazos de los préstamos otorgados por los bancos.