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IGNACIO LILLO
Lunes, 14 de junio 2010, 03:52
«Entraron en mi establecimiento engañando al encargado, hicieron agujeros en las paredes sin permiso y me cambiaron mis extintores nuevos por otros viejos». «Le dijeron a una empresa a la que le prestamos el servicio desde hace años que habíamos quebrado». Son algunos de los testimonios recabados por este periódico y que ponen de manifiesto una oleada de timos a comercios en las revisiones obligatorias de los extintores de incendios. Una situación que, pese al grave alcance que podría tener en caso de accidente, apenas trasciende en las estadísticas oficiales porque la cuantía de las facturas, de entre 35 y 65 euros, hace que la mayoría no los denuncien.
El chiringuito Café del Sol, en la playa de Los Álamos, ha sido víctima de este presunto fraude. Su responsable, Enrique Guerrero, asegura que dos personas se presentaron en el local, alegando que ya le tocaba la revisión (caduca en julio, algo fácil de conocer porque se ve en las etiquetas pegadas en estos elementos). Y dijeron al encargado que tenían permiso de los propietarios, algo que, según Guerrero, era falso, puesto que habitualmente estas labores las realiza otra entidad homologada con la que tienen relación desde hace años.
«Se llevaron los equipos, hicieron agujeros en las paredes donde les dio la gana sin autorización. ¡Y me han cambiado los extintores nuevos que habíamos comprado por otros de 1995!», afirma, indignado. Por la tarde, las mismas personas pidieron a otro responsable del local que les abonara una factura de 65 euros, el doble de lo que le cuesta habitualmente esta operación.
«Lo he puesto en manos de mi abogado. ¿Quiénes son para entrar en mi negocio sin autorización? Vamos a pedir por burofax que repongan nuestros verdaderos extintores y que nos devuelvan el dinero», añade. Sin embargo, el propio empresario reconoce que los trámites legales son más caros que lo que cuesta la presunta inspección, lo que hace que la mayoría no denuncie (algo similar a lo que ocurre con las falsas revisiones de gas butano en las viviendas).
Intrusismo
El colectivo de instaladores oficiales de Málaga está en pie de guerra. Varias entidades se han unido para exigir a la Consejería de Economía e Innovación de la Junta que haya sanciones para quienes llevan a cabo estas prácticas. Mario Martín, gerente de la empresa Goextin, asegura que los timos están a la orden del día. «Hace poco nos llamaron de una clínica dental que es cliente nuestro porque había unas personas diciendo que iban a hacer la revisión, y les advertimos de que no lo permitieran», relata.
«Han llegado a decir que nuestra empresa había quebrado o que la persona que hacía las revisiones antes ¡se había muerto!», exclama. Martín lamenta que estas inspecciones no tienen validez y los afectados deben pagar por duplicado, la real y la ficticia, «o incluso la han podido hacer sólo un mes antes», comenta.
El malestar del sector es mayor al comprobar la impunidad con la que estas personas operan. El responsable de Goextin comenta que en la calle es habitual ver furgonetas que tienen un dibujo de un extintor, con un logo de la Junta pero sin nombre de la entidad.
Para prestar este servicio, las empresas homologadas tienen que tener un seguro de responsabilidad civil por valor de un millón de euros, deben contar con un perito en nómina y con conocimientos y maquinaria especializados.
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