La mal llamada ‘maternidad subrogada’

Sin los eufemismos de las agencias dedicadas a esta actividad -y la publicidad edulcorada que la rodea- digamos claramente que consiste en un contrato por el que alguien con capacidad económica suficiente, alquila los servicios de una mujer para que geste una criatura, utilizando frecuentemente un óvulo de otra mujer fecundado con esperma que en muchas ocasiones procede del comprador. Se adquiere así una criatura a la carta (existen catálogos de mujeres para seleccionar las características de la mujer que proporciona el óvulo), que gesta y pare una mujer que renuncia, por el mencionado contrato, a todo derecho sobre la criatura, y a la que incluso se le somete a terapias emocionales para evitar la creación de vínculo afectivo con su hija o hijo.

Una auténtica información deberá también incluir las condiciones de las mujeres que aceptan libremente este tipo de contratos: mujeres analfabetas de la India u otros países donde su autonomía es muy reducida; que firman los contratos que no pueden leer o están redactados incluso en lenguas que desconocen, y bajo la supervisión, cuando no presión, de sus maridos y sus familias. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres ucranianas, alojadas en hoteles durante su embarazo bajo la férrea vigilancia de los encargados del negocio.

Este alquiler de mujeres para la procreación no constituye un gran avance en libertad y modernidad. Más bien resulta -al igual que la prostitución una forma de explotación sexual de las mujeres. Y está íntimamente ligado a la tradicional construcción patriarcal de la sexualidad humana, que coloca al hombre como sujeto con derecho a ejercer la paternidad, y a la mujer como objeto en función de la satisfacción de la sexualidad masculina y de la procreación. Una visión de la sexualidad humana que, como ya nos decía Kate Millet en 1969, es fundante de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres.

La prostitución y el alquiler de gestantes constituyen una descarada y brutal expresión de esta desigualdad, con el agravante de excusarse y justificarse bajo argumentos de libre elección de las mujeres alquiladas, en uno y otro caso. Evidentemente ambas formas de explotación atentan contra la libertad sexual y contra la salud (entendida en el sentido holístico de salud física, mental, emocional, sexual y social) de las mujeres implicadas.

Hablar de vientres de alquiler o alquiler de útero es ficticio. El embarazo y el parto son procesos fisiológicos (que únicamente podemos experimentar las mujeres) y comprometen e implican a la mujer en el plano físico, psíquico y emocional, produciendo cambios y modificaciones importantes en su fisiología y que pueden conllevar riesgos de salud importantes (al igual que para las mujeres sometidas a la estimulación ovárica). No existe ningún otro proceso fisiológico de características similares que pueda ser experimentado por un ser humano.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres alquiladas para gestar y parir quedan anulados: su derecho a decidir interrumpir el embarazo; su vida sexual; su capacidad de decisión sobre tipo de parto, el sometimiento a un proceso de disociación emocional al ser obligadas a no establecer lazos afectivos con la criatura gestada (lo que también puede afectar a dicha criatura).

Curiosamente, se exalta el valor de la maternidad y la paternidad y al mismo tiempo se obliga a la madre biológica (gestante y paridora, sea o no madre genética) a ser reducida a una mera portadora. La ironía del proceso es evidente. Eso sí, debe también decirse que produce pingües beneficios y no precisamente a las principales implicadas, sino a los diferentes agentes que intervienen en el proceso y se lucran con el mismo.

La satisfacción de un deseo (en este caso, el de ser padre o madre) no justifica nunca la utilización de otro ser humano: en este caso, una mujer. Actualmente la legislación española prohíbe que el deseo de ser padre o madre pase por la compra de un niño o niña de diseño por lo que debe ser modificada cualquier otra norma de rango inferior que la contradiga.

La prohibición de atentar contra la dignidad humana constituye un avance para toda la sociedad. Están prohibidos la esclavitud, la venta de órganos, o el tráfico de seres humanos, y luchamos contra dichas prácticas cuando se producen. No se trata de legislar para que se realicen en mejores condiciones, sino de erradicarlas. De lo que se trata, en definitiva, es de respetar los derechos humanos de toda la sociedad, incluidos lógicamente los derechos humanos de las mujeres.

*en nombre del Movimiento Asociativo Feminista de Málaga, compuesto por 25 asociaciones