Diario Sur

La demora en la concesión de licencias paraliza el urbanismo en Marbella

Edificio de la delegación municipal de Urbanismo.
Edificio de la delegación municipal de Urbanismo. / Josele-Lanza -
  • Empresarios denuncian fuga de inversiones por el retraso en los permisos para reformas u obra nueva, que pueden tardar hasta un año y medio

El bloqueo que sufre la Delegación de Urbanismo, afectada por los problemas creados por la anulación del PGOU de 2010, ha levantado la alarma entre los empresarios del sector. La concesión de licencias para construcciones de obra nueva o para reformas se están demorando por periodos que suelen alcanzar o incluso superar los 12 meses.

Esta situación se puso de manifiesto en una reunión celebrada la semana pasada con la edil de esa área, Isabel Pérez, a requerimiento de la asociación DOM3, que aglutina a los empresarios y profesionales del sector de las viviendas de alta gama.

En la reunión, los representantes del colectivo expresaron su preocupación por el bloqueo que existe en la concesión de licencias, que según afirman se demora una media de un año y medio para las obras de reforma y aún más en el caso de los permisos para construir viviendas nuevas.

Según pusieron de manifiesto en la reunión los miembros de DOM3, desde el momento en el que se pide una licencia el Ayuntamiento demora ocho meses en asignar un técnico para que se haga cargo del expediente, periodo durante el cual los promotores carecen de una persona de referencia en la administración que les informe de cómo marcha la tramitación. Una vez asignado el técnico, la demora para la emisión del informe oscila entre tres y cuatro meses, y posteriormente hay que esperar medio año más el informe jurídico y la emisión de la licencia.

Registro de entrada

La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, considera exagerada esas cifras y sostiene que en la actualidad se están repartiendo los expedientes recibidos por registro de entrada en junio, con lo que la asignación de un técnico se estaría demorando en torno a cuatro meses.

En todo caso, los empresarios consideran inasumible esa demora ya que la norma establece que la Administración está obligada a resolver los expedientes en un plazo máximo de tres meses, lo que es de imposible cumplimiento si la demora para asignar técnico es de cuatro meses.

La edil atribuye las grandes demoras en la concesión de licencias sobre todo a la obligación de informar sobre el Plan General de 1986, en vigor tras la anulación del aprobado en 2010, lo que supone una mayor dificultad para los técnicos, con el consiguiente consumo de tiempo.

No obstante, diferentes fuentes ligadas a la actividad urbanística en la ciudad atribuyen esta situación de bloqueo a una aparición de diferentes factores que vienen confluyendo en la Delegación de Urbanismo desde hace años, antes incluso del cambio de signo político en el Ayuntamiento. «Este problema ya existía con el PP y ahora sigue», asegura uno de los abogados consultados.

Según estas fuentes, conocedores de la situación que se arrastra desde hace tiempo, el principal factor es una herencia indirecta de los años del GIL, cuando se cometieron numerosos actos ilícitos que culminaron con la apertura de cientos de causas en los juzgados de Marbella por delitos contra el Medio Ambiente y contra la ordenación del territorio.

Esta situación llevó a la mayor parte de los trabajadores del área de Urbanismo a tener que comparecer en los juzgados como testigos de esas causas, lo que se ha traducido en una actitud extremadamente conservadora a la hora de dar salida y poner la firma al pie de los expedientes. «Muchas veces piden más papeles de los necesarios porque no quieren tener problemas», asegura un abogado de la ciudad al que su actividad profesional lleva repetidamente a las oficinas de Urbanismo y que prefiere no identificarse. «Los clientes muchas veces se cansan y se acaban yendo, sobre todo a Benahavís que no tiene la experiencia traumática de Marbella y donde los expedientes se suelen resolver en un par de meses», asegura. «Hay mucha norma interpretable y ante la duda la primera respuesta es no», asegura.

Otros profesionales consultados coinciden en señalar que la gran cantidad de causas judiciales de los últimos años han tenido una repercusión directa en la falta de agilidad en el área, un problema que se viene arrastrando desde hace años.

Los representantes de DOM3 también aseguran que se está produciendo un éxodo de inversiones a otros municipios y en que la situación no tiene una relación directa con la anulación del PGOU sino, según les informó la concejala de Urbanismo en la citada reunión, de una reorganización del área y de la imposibilidad de responder con la contratación de personal a las necesidades de la delegación. La Ley de Estabilidad de Presupuestaria, además, impide conservar a los técnicos que fueron contratados de manera eventual y que transcurrido un tiempo deben abandonar la administración.

La asociación de empresarios de viviendas de alta gama ha pedido que se elabore un catálogo de las áreas de la ciudad en las que debido a la situación urbanística no se pueden dar licencias para evitar que se produzcan situaciones en las que inversores adquieren suelo y posteriormente se encuentran con que no pueden desarrollar los proyectos previstos.