Diario Sur

Los radares fijos disparan las multas al triple en una década en Málaga

Un agente de la Guardia Civil multa a un conductor por exceso de velocidad.
Un agente de la Guardia Civil multa a un conductor por exceso de velocidad. / EFE
  • En la provincia se ponen dos sanciones cada cinco minutos y la tendencia es ascendente pese a que la circulación bajó un 30%

En el tiempo que usted tardará en leer esta información (pongamos que le dedica diez minutos) se habrán puesto en Málaga casi cuatro multas de tráfico. De éstas, prácticamente el 80% habrá sido en alguno de los radares fijos instalados en la red viaria. Además, lejos de mejorar, la evolución ha sido claramente ascendente, especialmente los años 2014 y 2015, en los que los flashes de la carretera hicieron que la estadística se multiplicara por tres respecto a una década atrás. Y eso que la circulación general en la red principal había descendido hasta un 30% en este periodo. Por tanto, menos conductores se reparten el triple de multas. Estas son algunas de las principales conclusiones que se extraen de la estadística de sanciones de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Málaga en la década 2006-2016, remitida por el Gobierno tras una petición de SUR en el portal de transparencia, y que supone la radiografía más clarificadora que se tenía hasta ahora sobre la incidencia de las infracciones al volante.

A lo largo de estos diez años se han impuesto 1,94 millones de sanciones. O lo que es lo mismo: cada día, 532 conductores se han encontrado con un susto, en vivo o en diferido. Son 22 cada hora. La cuantía media ronda los 200 euros (aunque con una fuerte variabilidad, en función del motivo), por lo que la recaudación en este periodo –en el caso hipotético de que se hubieran logrado cobrar todas– habría ascendido a unos 388 millones de euros. Por buscar un referente, con ese dinero se habrían podido pagar las obras de la Hiperronda de circunvalación de la capital; también la autopista de Las Pedrizas.

Infracciones básicas

Otra conclusión –esta es especialmente descorazonadora– es que las campañas de concienciación de la DGT tienen un alcance muy limitado, y los conductores siguen incurriendo en faltas que son básicas para la seguridad vial de los ocupantes de los vehículos. Así, se mantienen a lo largo de la década las denuncias por conducir sin el cinturón de seguridad o sin la sillita de bebé; por hacerlo después de haber tomado alcohol o drogas y por utilizar el teléfono móvil. Las de exceso de velocidad, como ya se ha visto, se han disparado en los últimos años. La buena noticia es que otras infracciones están siguiendo una tendencia a la baja en los últimos años. La más destacada es la práctica, antes habitual, de conducir motos sin el casco obligatorio, que ya se da prácticamente por erradicada: las multas por este motivo son testimoniales (unas 200 al año).

Merece la pena detenerse en cada apartado para ver la evolución y sus repercusiones. Las multas por alcoholemia positiva se han mantenido altas desde 2012, entre las 6.000 y las 6.700 denuncias anuales (hasta entonces rondaban entre 4.000 y 5.000). Este aumento sólo se puede explicar por un refuerzo de los controles a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En estos diez años se han impuesto 51.500 multas por este motivo, lo que supuso unos ingresos de casi 30 millones de euros. Es por tanto la sanción media más cara, cercana a los 600 euros, y en los casos más graves llega a los mil.

Los radares fijos disparan las multas al triple en una década en Málaga

Sí ha mejorado algo el uso del cinturón de seguridad en el último trienio, aunque a la postre el dato se mantiene prácticamente igual que en 2006. Lo peor se vivió en el 2012, con casi 9.600 denuncias por este motivo. Desde entonces, ha ido bajando, hasta las 5.772 multas por este motivo en 2015. Con todo, las campañas de concienciación de la DGT no parecen estar dando los resultados necesarios. Este apartado, que incluye los casos de los niños que viajan sin la sillita adecuada, han supuesto en el periodo estudiado un total de 67.750 boletines de denuncia, con un importe recaudado superior a los 11,8 millones de euros. La cuantía media fue de 175 euros.

Teléfono móvil

La práctica de ponerse al volante sin tener carné o con el permiso retirado es una de las infracciones que más ha bajado, y actualmente tiene una incidencia muy baja. Si en 2006 y 2007 se imponían entre 12.000 y 13.000 multas por este motivo, en el último año rondan las 2.800, un 80% menos. Esta infracción, que es muy grave (puede llegar hasta los 900 euros de multa) ha motivado 58.784 denuncias, con una recaudación de 23,5 millones.

La evolución del uso del teléfono móvil es exactamente la contraria que la anterior. La entrada en servicio de la flota de helicópteros Pegasus, capaces de controlar un vehículo cada tres minutos, ha hecho posible ejercer una vigilancia exhaustiva de estas actitudes negativas, que antes eran difíciles de sancionar. Las aeronaves están operativas desde hace tres años, y coincide con el periodo en el que más infracciones de este tipo se han denunciado: cuatro veces más que hace una década. Si en 2006 eran sólo 1.677, el último año se cerró bordeando las 6.000. Hablar por teléfono –sin manos libres– mientras se conduce sigue siendo una práctica habitual, a pesar de los riesgos de accidente que entraña por la pérdida de atención. Con el auge de las redes sociales ha ido a peor, especialmente por el uso del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. En estos diez años, 51.205 personas han sido sancionadas, con una media de 200 euros, por hacer un mal uso de la tecnología. Interior ha recaudado por esta causa 9,4 millones.

El dilema de la velocidad

Por encima de todos los anteriores, el elemento que hizo saltar la estadística de infracciones de la DGT en la provincia fue la implantación de los últimos radares de tramo, especialmente los dos de la carretera de Las Pedrizas (A-45), pero también el situado en la A-7 entre Mijas y Marbella, donde la velocidad está limitada a sólo 80 kilómetros por hora. El balance remitido por el Ministerio del Interior distingue entre los cinemómetros fijos y los móviles, con una diferencia abismal en los resultados de unos y otros.

Los fijos alcanzaron en 2015 un récord histórico absoluto, tras sancionar a nada menos que 223.378 vehículos. Es un 600% de aumento respecto a 2008, cuando se produjeron las primeras denuncias por este motivo. El año 2014 ya marcó un hito (174.547), y sitúa a la provincia a la cabeza de España en cuanto al número de sanciones por exceso de velocidad. Con estos mimbres, en la última década se han contabilizado 845.725 infracciones, con una recaudación estimada de casi 99,2 millones de euros. Al menos, la cuantía media es de las más bajas: 120 euros.

Muy lejos de los anteriores, los radares móviles, los que equipan los vehículos de la Guardia Civil y los del helicóptero Pegasus, suman algo más de 253.000, lo que supuso una recaudación de 44 millones (170 euros de media).

¿Sirven las multas?

Este periódico intentó sin éxito recabar la valoración de algún responsable de la DGT. Por el lado de los conductores, Mario Arnaldo, presidente de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) es muy crítico con el papel de las sanciones en relación con la siniestralidad vial: «Las multas no están sirviendo para reducir los accidentes ni las víctimas».

En el caso concreto de Málaga, el exceso de velocidad representa actualmente el 79% de las multas (eran el 54% una década atrás). De las 324.000 del año 2015, 256.000 lo son por velocidad; y más del 70% lo hicieron cinco radares situados e la carretera de Las Pedrizas (A-45), la A-7 y la MA-20. Y esta presión no tiene relación con la calidad de la red viaria, que es muy alta. Según el estudio de AEA, de los 140 tramos más peligrosos de España, ninguno está en Málaga.

Pero lo cierto –destaca este experto– es que en el mismo periodo las víctimas mortales han ido en aumento en las carreteras provinciales. En 2016 han sido cinco más, y en 2015 fueron seis. «Este aumento de vigilancia de la velocidad no contribuye a reducir los accidentes ni las víctimas», critica, y añade: «La política sancionadora sí sirve para aumentar la recaudación, con un aumento brutal, pero no se traduce en una reducción de los fallecidos».

Merece la pena hacer una reflexión sobre los verdaderos objetivos de las multas de tráfico, que no pueden ser otros más que reducir la siniestralidad en las carreteras.

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