La asociación provincial de regantes de Málaga exige soluciones a la falta de agua

La falta de agua es una preocupación que se extiende cada día que pasa entre los agricultores de todas las zonas agrícolas productivas. Sobre todo después de cuatro años con precipitaciones por debajo de la media y con unos recursos hídricos almacenados cada vez más bajos (233 hectómetros cúbicos en la actualidad). A los productores de subtropicales de la Axarquía, que llevan dos años exigiendo medidas para garantizar el riego de sus explotaciones, o los de la comarca Norte, con los agricultores de Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina reclamando desde el verano pasado soluciones con la misma finalidad, se une ahora la voz de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema). Este colectivo agrupa a una veintena de comunidades de regantes del valle del Guadalhorce, que suman unas 5.000 hectáreas de cultivo. El Guadalhorce esta considerada la gran huerta de la provincia y una de las zonas de producción de cítricos (limones, naranjas y mandarinas) más importantes de toda Andalucía.

Aprema califica la situación actual en el Guadalhorce de «inaguantable», ya no sólo por la falta de agua y porque los productores llevan un mes desde el último riego, sino porque los principales cultivos comienzan a notarla el déficit hídrico.

«Las lluvias han sido escasas, las temperaturas muy altas para la fecha y ya los cultivos lo están padeciendo. Las producciones de cítricos y frutales se están viendo mermadas y en la huerta se teme que puedan perderse los productos. De seguir seco, tememos pérdidas de todas la cosechas para la campaña de 2017», ha señalado el secretario de Aprema, Juan Antonio Aguilar.

El responsable de la asociación provincial de regantes de Málaga, recuerda que el plan coordinado del Guadalhorce incluye unas 10.000 hectáreas de regadío, de las que viven unas 7.000 familias, sin embargo las infraestructuras de regadío «están obsoletas, deterioradas y abandonadas, hay pérdidas de agua y zonas en las que no se puede regar. Sin embargo, las comunidades de regantes llevamos años esperando a ser legalizadas y poder acceder a las ayudas públicas de mejora para realizar instalaciones a presión, balsas y depósitos reguladores para recoger agua cuando llueve y usarla cuando escasea».

Según Aguilar, en los años 60 el abastecimiento humano consumía un 20 por ciento de los recursos hídricos del sistema de embalses del Guadalhorce, y el regadío el 80 por ciento. «El pasado año hidrológico, en cambio, el abastecimiento ha gastado 54 hectómetros cúbicos y los riegos 31», ha explicado.

Aguilar ha lamentado que en las sequías de 1995 y 2005, y ahora en 2015 y 2016, lo que la han sufrido han sido los agricultores, aún cuando las presas del sistema del Guadalhorce se hicieron para el riego.

Para Aprema, la solución a la falta de agua no «está en reducirla a los regantes y darla al sector servicios. Para los agricultores es igual vender una caja de tomates que alquilar una cama en la costa. La agricultora y el turismo son dos sectores económicos iguales». Además han incidido en que el sector agrícola ha crecido bastante debido a que muchos trabajadores de la construcción han vuelto a sus raíces, el campo.

Lo que temen los agricultores del Guadalhorce es que la dinámica climática el próximo año sea parecida a la que estamos viviendo. En este sentido, señalan que el consumo de agua de abastecimiento irá creciendo debido al aumento del turismo, en detrimento del sector agrícola. «Sin garantía de agua el agricultor no podrá sembrar y no tendrá ingresos para vivir de sus productos», ha manifestado Aguilar.

Aprema reclama a la Junta de Andalucía una solución, que invierta en nuevo recursos hídricos, nuevas presas, trasvases e infraestructuras modernas que permitan reservar el agua cuando llueve para usarla cuando hay escasez. «Pedimos que busquen los recursos económicos necesarios y con la participación de los usuarios solucionemos el tema de los recursos hídricos, para que los agricultores podamos desarrollar nuestra actividad con garantías y no se pierdan ingresos económicos ni las inversiones realizadas por las familias que viven del campo», ha señalado el colectivo.