La Junta retrasa la aplicación de las 35 horas presenciales y consulta al TC

El Gobierno andaluz dio ayer marcha atrás en la aprobación del plan para adaptar la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el decreto que implantaba las 35 horas semanales en la función pública autonómica e impone las 37,5 anteriores. Aunque por dos veces, el viernes tras conocer el fallo del TC y el lunes tras el acuerdo con los sindicatos, se anunció que saldría adelante en el Consejo de Gobierno de ayer martes, el portavoz del Ejecutivo andaluz anunció tras la reunión que sólo se había «tomado conocimiento» de dicho plan, que decidió elevar al Tribunal Constitucional para su conocimiento.

Al tiempo, el Consejo de Gobierno andaluz insta a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a establecer un «sistema de seguimiento» del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas, es decir de la media hora diaria que se deja a criterio de los funcionarios para tareas diversas, de modo que se mantienen las 35 horas «presenciales».

El movimiento de la Junta busca blindarse tanto ante posibles recursos, de los que por ahora no hay constancia, como sobre todo ante interpretaciones políticas.

La presentación del acuerdo andaluz como un ardid para sortear al TC ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno andaluz, temeroso de que, en plena crisis catalana, se considere que la institución autonómica se instala en la rebeldía de la Constitución española, precisamente todo lo contrario de lo que la presidenta, Susana Díaz, viene defendiendo. No se quiere dar ni la más minima impresión de que el Gobierno andaluz incumple las sentencias del alto organismo.

Por ello, el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, insistió en su comparecencia en que el Ejecutivo autonómico acepta el fallo del TC, porque «jamás deja de acatar nada».

Blanco rechazó también que el retraso se deba a un informe en contra de los servicios jurídicos de la Junta, sino que se trata, aseguró, de una demostración del «rigor y seriedad» de la institución y de la necesidad de dar «seguridad jurídica» a los acuerdos alcanzados.

Fuentes de Hacienda aseguraron que el plan aprobado con los sindicatos cumple con rigor la sentencia que impone las 37,5 horas, a través de las 35 horas presenciales y la media hora diaria para tareas complementarias, y que el envío del acuerdo al TC busca dar «mayor robustez» al cumplimiento de sus directrices.

No se trata, por tanto, de consultar o pedir un pronunciamiento del TC, sino de poner en conocimiento del Tribunal el acuerdo alcanzado, que se complementará con «mecanismos de acreditación» de las dos horas y media semanales que los funcionarios andaluces tendrán para tareas como prepararse, organizar jornadas y tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional, descargar vídeos y otras actividades enunciadas por la consejera, María Jesús Montero, al anunciar el plan nada más conocerse la derogación del acuerdo andaluz.

El acuerdo, que no contemplaba ningún mecanismo de control, preveía que este tiempo tendrá la consideración de trabajo efectivo y computará dentro de la jornada general.

A la vez, se acordó para el ámbito sanitario mantener los turnos ya aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada manteniendo las 20 horas lectivas y considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en el curso 2018/2019. El horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas.

A pesar de este movimiento prudencial del Consejo de Gobierno, y de facto los 240.000 funcionarios andaluces van a mantener la jornada semanal de 35 horas presenciales y las 2,5 horas de libre disposición con las que, además de cumplir con los sindicatos, se quiere garantizar el empleo creado para cubrir este nuevo horario.

El plan se aprobará «en cuestión de días», dijo Blanco tras el Consejo.

Los mecanismos de seguimiento están por establecerse. No habrá control horario, como ya dijo la consejera de Hacienda, pero sí se creará un sistema de acreditación de jornada que variará según los puestos de trabajo de que se trate.

Las reacciones de los representantes sindicales tras conocer el aplazamiento variaron. CSIF mantuvo silencio hasta conocer los detalles, pero el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió el cese de la consejera de Hacienda y calificó de «bochornoso espectáculo» el retraso que «genera inseguridad jurídica».

CCOO censuró «la improvisación» de la Junta, que «tenía mucha prisa» por aprobar el plan, mientras UGT dijo que el aplazamiento de «una semana» es preferible para «evitar desconfianzas» sobre el cumplimiento de las 2,5 horas no presenciales, recoge Europa Press.

Por IU Inmaculada Nieto interpretó que el plan de la Junta «sólo buscaba lavar la imagen de Susana Díaz tras darle el Gobierno a Rajoy».