Telefónica deberá pagar una multa de 60.000 euros por dar de alta a un cliente sin su permiso

Indignación, impotencia, frustración, desconcierto...«y cara de tonto». José Pérez Lozano resume así el particular calvario que ha vivido en los dos últimos años con ... Telefónica. La pesadilla de este informático malagueño comenzó en febrero de 2006. Un buen día llegó a casa y su vecina le entregó un paquete de dicha compañía con un kit de ADSL que él, insiste, no había solicitado. Acto seguido, el que hasta entonces era su operador, Terra, le dio de baja por traspaso. También sin su consentimiento. Aturdido, y sin poder conectarse a Internet, Pérez comenzó a investigar y entendió que había sido víctima del 'slamming'; una práctica ilegal fruto de la fuerte competencia entre compañías y que consiste en traspasar de forma irregular a los usuarios, sin que estos sean conscientes ni siquiera den su visto bueno. Dispuesto a tomar represalias, José trasladó su caso a la Agencia de Protección de Datos, que ahora le ha dado la razón imponiendo a Telefónica una multa de 60.000 euros por infracción grave. Eso sí, cabe recurso. Pérez Lozano considera que lo que sufrió fue «un secuestro en toda regla». Así, este informático recuerda que por culpa del cambio de línea efectuado sin su permiso estuvo dos meses sin poder conectarse a Internet. Él mismo resume su periplo: «Recibí un paquete y acto seguido me llamaron de casa diciendo que la línea de Terra no funcionaba. De inmediato llamé a atención al cliente donde me informaron que ya no era cliente, pero ni me dieron una explicación. Ni en Terra ni en Telefónica. Según ellos, el único culpable era yo, que supuestamente había contratado el traslado del ADSL por teléfono y les había dado mi DNI. Yo no entendía nada», insiste. Denuncias Harto de contactar con ambas operadoras sin hallar respuestas, José decidió mover ficha. Lo primero que hizo fue denunciar ante el Defensor del Pueblo, sin éxito. Acto seguido reclamó a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), aunque la respuesta de este organismo dejó mucho que desear. Finalmente, desesperado, acudió a la Agencia de Protección de Datos. «Un día se me encendió la bombilla. Me planteé que si la compañía tramitaba un pedido a mi nombre debía tener alguna obligación de comprobar el origen de los datos y la veracidad del contrato. Fue un mero razonamiento intuitivo», detalla. Ahora, dos años después de aquel incidente, la Agencia de Protección de datos ha concluído que José estaba en lo cierto. Telefónica ha intentado eludir responsabilidades alegando que no hizo el contrato de línea, sino que este se efectuó a través de un distribuidor llamado Locutel, subcontratado por la compañía, «que actuó por su cuenta y riesgo al margen de cualquier instrucción de la operadora», según reza en la resolución. Asimismo, Telefónica asegura que actuó con diligencia, ya que en cuanto el cliente se lo exigió le dio de baja «en tres días» (aunque José insiste en que estuvo dos meses sin conexión) y argumenta que no tenía motivos para efectuar tal 'slamming', ya que Terra fue absorbida por el grupo en julio de 2006. Locutel, por su parte, se aferra a que José contrató telefónicamente el producto y les facilitó verbalmente su DNI. Eso sí, pese a ser requerida, no aportó ninguna copia de esa supuesta llamada de consentimiento. Pese a la defensa de Telefónica, la Agencia de Protección de Datos considera que ha incurrido en una infracción grave, «ya que ha vulnerado el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6.1 de al LOPD por tratar los datos del afectado sin su consentimiento para activar un servicio de ADSL». Tras la resolución, José confía en que le paguen los gastos que tuvo que asumir de su bolsillo por verse involucrado en este proceso. «Los dos meses que estuve sin Internet tuve que navegar por el móvil y hacer múltiples gestiones lo que me generó un gasto de unos 800 euros, que espero que me devuelvan», apostilla este malagueño, que anima a otros afectados a movilizarse y denunciar.