Juristas y ONG valoran el papel de la mujer en los procesos de paz

La importancia de la resolución 1325, aprobada por la ONU en 2000, radica en que por primera vez insta a los Estados miembro y a los organismos especializados a introducir la cuestión de género en todas las etapas de resolución de conflictos. Así lo manifestó ayer la profesora de Derecho Internacional Público de la UCA Inmaculada González durante su intervención en la mesa redonda 'Mujer, paz y seguridad: la resolución 1325».

La iniciativa, organizada por la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) se llevó a cabo en el marco del proyecto de educación para el desarrollo 'La paz invisible'. La mesa estuvo moderada por el profesor de Derecho Internacional Público Jesús Verdú e integrada, junto a González, por Balder Hageraats, investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y por Mila Ramos, presidenta de MZC.

Medidas

González explicó las medidas que la resolución 1325 establece para los estados miembros, la primera de las cuales consiste en incrementar el número de mujeres que participan en el proceso de adopción de decisiones en los ámbitos regional, nacional e internacional. Otras medidas en este sentido son la dotación de recursos para estas cuestiones y la necesidad de enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, especialmente en los casos de violencia sexual contra la mujer. Además, recomienda excluir estos delitos expresamente de las disposiciones de amnistía «siempre que sea posible».

González también analizó otros grupos de medidas más concretas, para proceder finalmente a la valoración de la recomendación. De este modo, recordó que en 2005 la ONU realizó un primer balance y que los informes de su secretario general revelaban que, a pesar de la resolución, las mujeres continuaban excluidas de las negociaciones de paz, aunque sí se había conseguido reforzar la presencia de algunas mujeres en el mantenimiento de la paz tras el cese de los conflictos.

«No hay que olvidar», destacó González, «que el desarrollo es la base necesaria para fomentar la paz y en este contexto cobra especial sentido la necesidad de cooperación internacional». Respecto a la obligatoriedad de la resolución, González explicó que su conclusión personal es que constituye una obligación de comportamiento, no de resultado. «La valoración es positiva, pero falta mucho por recorrer», señaló.