El informe sobre la reforma tributaria recomienda cambios para favorecer al turismo residencial

El informe señala que ante la atonía del mercado inmobiliario, especialmente en las zonas costeras donde hay una gran bolsa de inmuebles sin vender, la reactivación económica en otros países europeos y la llegada de inversores podría constituir un factor importante para la recuperación económica en las zonas de turismo residencial, pero que el régimen fiscal constituye un obstáculo «que empieza a tener un peso negativo decisorio, especialmente al competir con países vecinos con un clima similar pero con una fiscalidad más atractiva que la española».

El estudio, que plantea un cambio radical en la consideración fiscal de los extranjeros que deciden trasladarse para vivir en España, recoge todas y cada una de las reivindicaciones lanzadas por el sector y por muchos de los ayuntamientos de la Costa del Sol, entre ellos el de Marbella, y que vienen reclamando cambios legislativos que permitan a España competir con los países del entorno a la hora de atraer este tipo de inversiones.

Bernard Fay, socio del estudio de asesores tributarios UHY, que participó ayer en el foro del Marbella International Property Show, que se celebra en el hotel Villa Padierna, resaltó ayer que el informe se hace eco de las peticiones que se habían lanzado desde la Costa del Sol. Fay es autor de un estudio comparativo con las legislaciones de los países del entorno, especialmente Portugal, que pone de manifiesto las desventajas competitivas de España. Este estudio fue remitido por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella a la alcaldesa de la localidad, quien a su vez lo entregó a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y a las secretarías de Estado de Turismo y de Hacienda.

Según Fay, que ahora el informe de los expertos recoja los problemas que planteaba en su estudio y las soluciones propuestas desde la Costa del Sol es producto no solo de que se trata de unos cambios que de aplicarse serán muy beneficiosos para la economía de la zona, sino también del trabajo que se ha hecho mancomunadamente desde la provincia de Málaga, y especialmente desde Marbella, por parte de empresarios, profesionales, instituciones y medios de comunicación. El pasado diciembre, SUR organizó en Marbella en colaboración con Garrigues el foro técnico «Fiscalidad de Residentes Extranjeros y Turismo» en el que precisamente se recogió la necesidad de acortar la brecha competitiva e introducir las modificaciones que ahora la comisión de expertos ha puesto sobre la mesa.

Complejidad administrativa

El informe de los expertos destaca que la fiscalidad española y la complejidad administrativa derivada de las obligaciones que adquieren como residentes fiscales «constituyen serios desincentivos a la hora de decidir la localización de pensionistas o de inversiones inmobiliarias en España». Estas desventajas radican en que a diferencia de los países que han establecido un régimen especial para residentes no habituales, a los extranjeros que adquieren vivienda para establecerse en España se les impone la obligación de tributar sobre su renta y patrimonio mundial -no el que obtienen solamente en España- y sobre la renta presunta que se les supone sobre los inmuebles de su propiedad aunque se encuentren vacíos. También señala como desventajas la tributación de la herencia por el cónyuge, lo que según la comisión en el caso de los pensionistas con un nivel de renta medio o bajo les crea dificultades para mantener el domicilio en España; la complejidad del procedimiento para obtener el Número de Identificación de Extranjeros, y la exigencia establecida recientemente de comunicar a la Agencia Tributaria todas las propiedades, cuentas, depósitos, acciones y bienes que posean en el extranjero. Esta medida, según los expertos, «ha causado un fundamentado malestar entre el colectivo de extranjeros residentes en España porque les resulta quizás algo sorprendente que la administración española les requiera más información que la de su propio país».

Los cambios que se proponen persiguen evitar el desplazamiento de potenciales inversores, empresarios, directivos y pensionistas extranjeros hacia otros países que ofrecen un tratamiento fiscal más atractivo. «Con ello podrían beneficiarse las zonas españolas de turismo convencional que tienen de siempre el problema de la gran estacionalidad existente en la actividad económica, al que ahora se ha añadido el de la gran bolsa de inmuebles sin vender», dice el informe, que destaca que la reducción de la estacionalidad del turismo favorecería el empleo y el consumo.