La petición de concurso de acreedores pone la puntilla a Novasoft

Los responsables de Novasoft achacan sus dificultades financieras a los impagos de las administraciones públicas, que cifran en más de 10 millones de euros. Su división de ingeniería de 'software' y telecomunicaciones es la más afectada por esta morosidad de las instituciones del Estado, que se reparte entre comunidades autónomas (las de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Canarias destacan por su volumen de deuda), ayuntamientos y otros organismos.

Del concurso de estas dos filiales quedan «completamente separadas» las demás actividades de Grupo Novasoft, según insistió ayer Barrionuevo. A partir de ahora, la empresa concentrará sus esfuerzos en su filial educativa, Novaschool -de la que dependen tres colegios y seis escuelas de educación infantil- y en su actividad internacional, centrada en países emergentes de Sudamérica y África. «El Grupo Novasoft sigue», remarca su presidente.

La plantilla de las dos sociedades que previsiblemente van a entrar en proceso concursal asciende actualmente a unas 60 personas, mientras que la plantilla de todo el grupo Novasoft se compone de unos 600 empleados, después del continuado recorte acometido en los últimos dos años (llegó a superar los mil). Según indicaron ayer fuentes de Comisiones Obreras, los empleados están sufriendo retrasos de entre dos y tres meses en el cobro de las nóminas.

Respecto a la facturación del 'holding', la empresa da por hecho que la paralización de su división de ingeniería provocará un drástico bajada, tanto este año como el que viene. Si 2012 se cerró con unas ventas de 36 millones de euros, este año podría estar sobre los 22 y en 2014 se reducirán hasta los 15 millones de euros, según la previsión de Francisco Barrionuevo. De éstos, al menos 10 millones vendrán de los colegios explotados por Novaschool.

Cierre de Forman

Lejos quedan los años en los que Novasoft crecía en tasas de dos dígitos y superaba los mil empleados en plantilla. Eran años prolíficos en contratos con las Administraciones Públicas, un sector por el que la compañía malagueña de 'software' apostó de forma prioritaria casi desde su fundación. Ahora, es precisamente la morosidad de diferentes instituciones del Estado tiene contra las cuerdas a la compañía. Su presidente no descarta que las dos empresas que van a entrar en concurso salgan adelante y se llegue a un convenio con los acreedores, pero tampoco puede «asegurarlo» porque «dependerá de la diligencia de los administradores que nombre el juzgado», afirma.

Hay que recordar que la semana pasada, Francisco Barrionuevo anunció el cierre de Forman, un centro de formación para el empleo ubicado en el PTA y que gestiona en UTE junto a la Fundación Valentín de Madariaga. Un consorcio formado por la Junta y el Ayuntamiento de Málaga es el encargado de sufragar los servicios de Forman, y los impagos reiterados del gobierno autonómico han llevado a sus responsables a decidir cerrarlo dentro de un mes.