Ninguna empresa se interesa por construir y explotar el anillo ferroviario de Antequera

La infraestructura, la única de envergadura que está en proyecto actualmente en la provincia, parecía encarrilada poco antes del verano. El objetivo de Fomento era llevarlo a cabo por el método de colaboración público-privada, mediante una asociación de Adif con una o varias compañías que estuvieran interesadas en su ejecución y comercialización posterior. En abril se abrió el periodo de alegaciones para los propietarios de las más de 700 fincas que se verían afectadas, en los términos municipales de Antequera (más de la mitad), Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Cuevas Bajas y Benamejí (Córdoba), con casi 8,2 millones de metros cuadrados de suelo rústico afectado.

Ese mismo mes, el Gobierno dio su visto bueno al trazado definitivo del circuito, de 57,9 kilómetros; y pocos días después la ministra Ana Pastor, ante empresarios, representantes institucionales, investigadores y expertos en tecnología ferroviaria, reunidos por el club Málaga Valley en el teatro Echegaray de la capital, garantizó la financiación de las obras, ya que su cartera había recibido un préstamo procedente de Europa de cien millones, con diez años de plazo y tres de carencia. Esta suma se añadiría a los 215 millones con que ya contaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias desde 2011, dentro de los fondos Feder aportados por la UE para este objetivo.

Apertura del concurso

Ya en el mes de julio se produjo la licitación del concurso, por procedimiento de diálogo competitivo, del contrato para la redacción de los proyectos constructivos, la ejecución de las obras y la realización del mantenimiento, explotación y operación del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de la Vega de Antequera. Entonces, se fijaba un plazo de ejecución de tres años, y un presupuesto de 386,2 millones de euros, y se concedía al consorcio ganador un periodo de explotación durante 25 años. De hecho, Adif preveía invitar a cinco empresas -de entre las que mostraran interés- a presentar ofertas para competir por la concesión. Hasta tres consorcios mostraron interés por participar.

A cambio, la entidad que se adjudicara el contrato tendría que abonar unos ingresos mínimos de explotación de tres millones de euros anuales durante el plazo de vigencia del contrato, que comenzarían a devengarse a partir del 31 de marzo de 2016.

Aparentemente, todo estaba atado, y solo faltaba el acuerdo de las empresas ferroviarias y constructoras para iniciar los trabajos. En cambio, estas no han llegado. Fuentes del sector explicaron ayer a SUR que varias estuvieron hasta el último momento estudiando la posibilidad de optar, aunque finalmente lo descartaron, al considerar que el pliego imponía condiciones económicas «muy duras» para los socios y una excesiva responsabilidad.

Recelos entre las empresas

En concreto, se refirieron a un apartado en el que se imponía a estas la obligación de devolver las ayudas europeas en caso de incumplimiento de los plazos. Estas fuentes valoraron lo ocurrido como un «mensaje claro» a Adif, que deberá a partir de este momento «mover ficha» si quiere seguir adelante con esta iniciativa en su actual formato.

En este punto, se abren tres escenarios posibles: puede optar por impulsar un periodo de negociación con los privados que hasta ahora habían mostrado interés, para, posteriormente, elaborar un nuevo pliego que evite los puntos de fricción con los potenciales socios, y volver a licitarlo. También puede decidir que fuera de estas condiciones no es viable y tratar de pactar con la UE que se destinen los fondos a otro proyecto de I+D. Y la alternativa menos factible, a tenor de la postura que ha mantenido hasta ahora Fomento, que sería recuperar el planteamiento del anterior Gobierno y ejecutarlo por su cuenta.

Fuentes de Adif expresaron ayer la «sorpresa y decepción» de este organismo por la «falta de implicación de la industria ferroviaria española» con esta actuación, que está dotada con entre un 75 y un 80% de fondos públicos españoles e internacionales. Con todo, aclararon que la posición aún no era oficial, ya que habrá que esperar a que el concurso se declare desierto en el próximo consejo de administración; y se comprometieron con la búsqueda de soluciones «posibles y viables» a la situación que se ha creado, para aportar una decisión final al respecto.

Sobre la posición del sector, argumentaron que se mantuvieron numerosos contactos antes de elaborar el pliego de condiciones y se incluyeron varias propuestas, por lo que, al menos aparentemente, contaba con su beneplácito. Por último, y al margen de la decisión definitiva, recordaron que la implicación del sector privado sigue siendo clave para garantizar la viabilidad económica de la inversión y la utilidad futura del circuito de ensayos y experimentación.