Miguel Borra Izquierdo: «Un sindicato no está para hacer leyes ni para quitar o poner gobiernos»

Desde el 30 de noviembre de 2011, el aragonés Miguel Borra Izquierdo está al frente del CSIF, el sindicato más representativo en la función pública y que actualmente cuenta actualmente con 165.000 afiliados (el 85% de ellos son empleados públicos y el resto trabajadores de la empresa privada). Hace unos días, este administrativo del Servicio Madrileño de Salud visitó Málaga, donde mantuvo encuentros con militantes de su organización en la provincia y concedió una entrevista a SUR.

-En estos tiempos de crisis se está poniendo en solfa determinadas instituciones y organismos. Los sindicatos también están en el punto de mira los sindicatos.

-En una época de crisis lo peor que puede ocurrir es que se cuestione en demasía las propias partes que componen el sistema. Como sindicato, CSIF no creo que esté cuestionado. Nosotros hemos seguido yendo a los centros de trabajo, hemos seguido siendo aceptados por los trabajadores y en la privada tenemos ahora más aceptación que antes. La clave es hacer un sindicalismo distinto. Yo no estoy para hacer leyes, ni para poner ni quitar gobiernos ni para decir lo que tiene que hacer una persona en su ámbito privado. Nuestro modelo sindical es única y exclusivamente profesional, no aspiramos a hacer política. Ese es nuestro emblema y lo que le podemos decir a los trabajadores es: si queréis unos compañeros que os representen y luchen por vuestros intereses profesionales, esos somos nosotros.

-CSIF es un sindicato eminentemente dedicado a la defensa de los intereses de los empleados públicos. Un sector que ha sufrido los recortes de los gobiernos de los últimos años, ¿qué clima se respira entre los empleados públicos?

-Los trabajadores de la función pública estamos cabreados, desencantados y con ganas de explicar lo que hacemos. Como nosotros somos 2.690.000 y estamos en el registro del INE con nombres y sueldo, es muy fácil darle a la tecla y quitarnos una paga extra o bajarnos el salario un 5%. Encima si se fomenta que la sociedad visualice a los empleados públicos como privilegiados y malos trabajadores haces que la gente se olvide de los problemas reales. Es más titular que los empleados públicos tendrán que trabajar 37,5 horas semanales que un asesor, puesto a dedo en una Administración por afiliación política o por familia y que no se sabe lo que asesora ni sus méritos, gane más que un catedrático de Universidad. Necesitamos jefes, y los jefes suelen ser políticos, que crean en la Administración pública y quieran trabajar para modernizarla.

-Se visualiza como algo complicado cambiar esa imagen del empleado público.

-España es el país de los típicos tópicos y los estereotipos. Eso va en la cultura española. No se puede ser privilegiado cuando a esos puestos puede acceder cualquier ciudadano español y de la UE, es decir, todo el mundo ha podido ser personal de la Administración pública. En la función pública rigen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. ¿Es un privilegio ser un médico y el día de Navidad mientras todo el mundo está en su casa con la familia y él en urgencia? ¿Es un privilegio ser un bombero y jugarse la vida? No es un privilegio. Además, las reglas del juego se están cambiando cuando la partida ya está en marcha. La estabilidad del empleado público se ha quitado, ya que la reforma laboral permite despedir a los empleados laborales públicos.

-¿Qué futuro le espera a los ciudadanos que llevan años preparando unas oposiciones?

-Muy difícil porque no han salido, no salen y no se sabe cuándo van a salir nuevas oposiciones. Antes te preparabas y si no era a la primera, a la segunda o a la tercera aprobabas. Eso no está garantizado y se ha roto esa continuidad en la Administración pública, un aspecto muy negativo porque se va a perder gente muy válida para la Administración pública.

-¿Sobran en España empleados públicos?

-No. En España somos, según el último registro, 2.690.000 empleados públicos en todos los niveles de las administraciones. Hay un empleado público por cada 15,5 ciudadanos, en Alemania, cada 18 y en Francia, cada 12. Somos los médicos, las enfermeras, los profesores, los policías,... En España el empleado público está haciendo cosas muy importantes.

-Sobre la mesa hay una reforma para adelgazar la Administración Local, ¿están preocupados por la incidencia que pueda tener entre los empleados públicos?

-Estamos preocupados con este tema. En la Administración Local en este país, en cifras redondas, hay medio millón de trabajadores, de ellos 200.000 son funcionarios y 300.000 son laborales. A los laborales con la reforma laboral se les puede despedir. Leyendo el anteproyecto se van a tener que centralizar muchos servicios en organismos superiores por lo que entre 100.000 y 115.000 empleados públicos pueden ver alteradas sus condiciones de trabajo. ¿En qué sentido? Pues pueden dejar de estar en un Ayuntamiento para ir a una Diputación o la Comunidad Autónoma, lo que supone cambio en las condiciones laborales y de convenio y algunos irán al paro; ¿cuántos? No se puede cuantificar.

-¿Cómo son las relaciones con CCOO y UGT?

-Cuando tenemos temas en común de interés para los trabajadores, los tres tenemos los contactos necesarios y nos ponemos de acuerdo. Lo que sí es cierto es que llevamos una manera de hacer sindicato distinta.

-Ustedes se definen como un sindicato independiente, sin embargo hay voces que lo sitúan como una organización cercana a la ideología conservadora.

-Los hechos se demuestran andando. No hemos estado nunca en un huelga general, ni con gobiernos del PSOE y el PP. Con el anterior gobierno socialista trabajamos todo lo que quisieron trabajar. Ahora, nosotros y todos los sindicatos hemos firmado con el PP el acuerdo de apertura de mesas. ¿Qué es ser de izquierdas o de derecha? Si fuera de derechas le firmaría todo al PP y nada al PSOE. Interesa mucho ponernos etiquetas.

-El tema de la financiación de los sindicatos está sobre la mesa. ¿Deben los sindicatos recibir ayudas económicas de las administraciones?

-En España ha habido muchos aspectos de la vida pública que han estado subvencionados. Si las subvenciones son razonables, adecuadas a las funciones que se realizan y están perfecta y clarísimamente justificadas, al igual que el Estado ayuda a muchísimos ámbitos de la vida pública ¿por qué no ayudar a unas organizaciones que desarrollamos unas funciones recogidas en la Constitución? Lo que no puede ser es que haya habido organizaciones de todo tipo y ámbito que hayan recibidos subvenciones desproporcionadas. En CSIF el 75% de presupuesto sale de las cuotas que pagan nuestros afiliados.

-En Málaga, en la Junta, se denunció la elaboración de una lista de funcionarios afines al PSOE para su promoción, ¿qué le parece?

-La politización de las administraciones es uno de los grandes problemas de nuestro país. El otorgar los puestos dentro de una Administración por el carné de un partido, el que sea, es uno de los mayores errores porque no sólo no pones a la persona más válida y capaz, sino que desmotiva a los funcionarios y desvirtúas el servicio publico.