La videovigilancia se liberaliza

Unas exigencias que se han borrado de un plumazo con la modificación de la Ley de Seguridad Privada, de forma que cualquiera puede vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad. Además, también legitima a quienes adquieren estos dispositivos para tratar las imágenes conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, en lo concerniente a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no se excedan de la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados (tanto con carteles informativos como con la puesta a disposición de impresos en los que se detalle la información) y, por último, informar de su existencia a la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, uno de los puntos más conflictivos tiene que ver con la posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas que son grabadas.

Si hay un sector que se verá afectado por esta medida es el de las propias empresas de seguridad, ya que pueden ver mermado su negocio a pesar de que mantienen las competencias en los sistemas de videovigilancia que estén conectados a centrales de alarmas. «Esta ley abre el camino para que cualquier empresa pueda instalar los sistemas, pero conviene recordar que las más especializadas son las de seguridad, por lo que puede haber desprotección y problemas si se contrata a una sin la cualificación y medios necesarios», advierte el presidente de la Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad, Federico Sánchez, quien recuerda que se trata de «sistemas que registran información y graban imágenes, y eso requiere cierto nivel de preparación». Además, confía en que a medida que la nueva normativa se vaya desarrollando se puedan ir perfilando algunas lagunas que, a su juicio, contiene la ley, como la relativa a qué empresa debe emitir el certificado de instalación.