La UMA gastó más de 70 millones sin autorización del Gobierno andaluz entre 2018 y 2023

Una auditoría de KPMG destaca que la UMA gastó más de 22 millones de euros a través de este remanente en 2022 pese a que la cantidad autorizada por la Junta de Andalucía ascendía únicamente a ocho millones. Es una tendencia que comenzó en 2019 y que se ha prolongado hasta ahora pese a las advertencias del Gobierno autonómico. En una carta dirigida al anterior rector, José Ángel Narváez, la Junta ya alertó de estos gastos sin autorización, además de solicitar «actuaciones para corregir dicha desviación». El Ejecutivo de Juanma Moreno reclamó «la puesta en marcha de medidas preventivas» y llegó a recordar «las consecuencias» contempladas en la ley en caso de no hacer algo al respecto. Todos estos avisos fueron desoídos, hasta el punto de que en 2023 se dejaron sin pagar facturas de limpieza y seguridad, deudas con constructores y hasta la cuota patronal, como confirman fuentes tanto de la Junta como de la UMA.

Entre los gastos más voluminosos de los últimos años figura la Facultad de Psicología, con más de una treintena de patios interiores y una biblioteca de 1.600 metros cuadrados y cuyo coste superó los 33 millones de euros, casi diez millones más de lo previsto en la adjudicación inicial. A esta obra, faraónica para los estándares de la UMA, se suman las facultades de Turismo y Filosofía y Letras. Son reformas que aún no se han pagado, incluso con obras paralizadas como en el caso de Turismo, y que han generado deudas con constructoras como Sando y Acciona. Este último caso está en los juzgados y podría acarrear un embargo de más de veinte millones de euros a la universidad. Fuentes de la UMA reconocen que «hubo falta de previsión porque se veía claramente que los remanentes iban a llegar a cifras negativas, muy negativas».

El capítulo de personal, con un coste que roza los 225 millones de euros (por poner esta cantidad en contexto, la UMA recibe 231 millones de la Junta), es otro de los caballos de batalla del nuevo gobierno de Teo López Navarrete, que se enfrenta a la tarea titánica de sanear unas cuentas disparadas hacia el déficit en los últimos años. Es algo que llama la atención si se tiene en cuenta que en 2018 la Universidad de Málaga tenía un remanente (superávit) de más de 162 millones de euros. Desde la UMA insisten en que, al disponer de este importe en su tesorería, la universidad aportó 36 millones en concepto de compensación al fondo de emergencia de la Junta por el coronavirus. La versión del Gobierno andaluz es diferente: mantiene que a la UMA nunca le quitaron remanentes de tesorería sino que, al reducir la financiación por la pandemia, autorizaron un gasto superior a los 30 millones de euros con cargo al remanente, gasto que el anterior equipo de gobierno cuadriplicó hasta los 120 millones, 90 millones más del importe autorizado.

La financiación también supone un motivo de conflicto entre la Junta y la UMA. La UMA denuncia que está infrafinanciada y la Junta recuerda que este año ha sido la universidad andaluza donde más se ha incrementado la inversión autonómica: un 3,65 por ciento respecto a 2023, hasta los 231 millones de euros. El presupuesto total de la UMA asciende a 326 millones, de modo que la mayor parte procede de fondos autonómicos, como por otra parte ocurre en todas las universidades públicas. Desde la UMA admiten ser la universidad donde más ha aumentado la financiación pero inciden en que sólo los capítulos de personal y limpieza ya rozan los 240 millones, nueve millones más de lo inyectado por la Junta.

En medio de este fango financiero han surgido voces que reclaman apoyo a la UMA como la de Bernardo Quintero (Google), gurú de la Málaga tecnológica y que en una carta publicada en este periódico aseguró que confía en que la Junta «sabrá reconocer el valor estratégico» de la universidad. Desde la Junta se ha extendido «cierto malestar» por el relato construido en torno a la financiación y la falta de apoyo y recuerdan que en menos de una década la UMA ha gastado 190 millones de euros de superávit y ha acumulado un déficit previsto superior a los 31 millones de euros.

«Son piezas muy difíciles de encajar», reconocen en la UMA: «Tendrán que echarnos una mano». Con estas cuentas sobre la mesa, en la Junta abren la puerta a nuevas «vías de saneamiento y solución» de la crisis financiera que atraviesa la universidad malagueña. «Ayudaremos a que puedan afrontar sus pagos», adelantan fuentes del Gobierno andaluz, «pero la UMA tendrá que hacer sacrificios». En la Junta tienen clara su opinión sobre la gestión económica del anterior equipo de gobierno, aunque evitan hacer valoraciones explícitas: «Los números están ahí. Echaremos una mano, pero encima no puede parecer que es un problema que hayamos generado nosotros». Mientras, los balances de la Universidad de Málaga siguen en rojo.