La cotización de las prácticas de sus alumnos costaría a la UMA 1,5 millones
Los rectores apoyan la cobertura social de sus estudiantes, pero piden al Gobierno que la medida se retrase hasta después de enero de 2020
La cotización a la Seguridad Social por las prácticas de sus estudiantes costaría a la Universidad de Málaga casi 1,5 millones de euros, ... según los cálculos que maneja la UMA. Es una cantidad similar a la que destina la Universidad a su plan de becas propias (ayuda a alumnos que cumplen los requisitos económicos pero no llegan a la nota mínima exigida por el Ministerio para poder tener la beca general) y la tercera parte de lo que destina a investigación. En la UMA se realizan cada curso más de 11.000 prácticas curriculares, por tanto no remuneradas, que con la aplicación de la medida tendrá que cotizar. A esto hay que añadir los cerca de 8.000 estudiantes de FP que también realizan prácticas no remuneradas en empresas.
Los rectores se reunieron ayer con los secretarios de Estado de Universidades y de la Seguridad Social, a los que pidieron retrasar la entrada en vigor de la medida hasta después de enero de 2020. Pero sobre la posible retirada de la obligatoriedad de cotizar por las prácticas de los alumnos, tanto universitarios como de Formación Profesional, el Gobierno aún no ha tomado una decisión, aunque la propia ministra apuntó el martes la posibilidad de dar marcha atrás «si es perjudicial para el sistema educativo», aseguró.
La medida llega cuando los institutos están negociando con las empresas los convenios para las prácticas
El Gobierno y la Conferencia de Rectores reiteraron, tras la reunión de ayer, la necesidad de asegurar y mejorar la cobertura de los estudiantes en prácticas y que estas coticen a la Seguridad Social. El Ejecutivo se ha comprometido a elaborar un borrador que recoja las posibles bonificaciones a los alumnos, que será estudiado en un nuevo encuentro antes de que concluya este mes.
Ante la incertidumbre generada por esta medida, la cotización obligatoria a la Seguridad Social en el periodo de prácticas académicas externas, que el Gobierno introdujo en una disposición adicional en el Real Decreto-ley 28/2018 sobre revalorización de las pensiones, el Ministerio de Educación se ha dirigido a los centros educativos para aclarar la cuestión y pedir calma. Desde la Secretaría de Estado de Educación y Formación reconocen, eso sí, la «incertidumbre generada» por la publicación de esta medida, a finales de diciembre pasado y que afecta en el caso de Educación a los alumnos de FP durante el periodo de formación en centros de trabajo, (conocida como FCT). «Durante este curso no se aplicará en ningún caso la medida, por lo que el curso continúa con total normalidad», señala el comunicado. Y anuncian el proceso de análisis de fórmulas que permitan hacer compatible «la mejor cobertura del alumno por parte del sistema público de Seguridad Social durante su periodo de formación en la empresa con la flexibilidad que requiere la organización de la formación en centros de trabajo en estas enseñanzas».
«Inoportuno»
Esta polémica llega además en el momento «más inoportuno», según reconocieron algunos directores de institutos. Los centros están en estos momentos buscando empresas y negociando con ellas los convenios para la realización de las prácticas de los estudiantes. «En algunos casos nos estamos encontrando dudas de los empresarios, sobre todo por la desinformación y su temor a que tengan que asumir costes sociales», indicó un director. Los alumnos de segundo curso de los ciclos de grado medio y superior inician en unas semanas este periodo de formación en empresas. Son 350 horas en el caso de los ciclos de grado medio y 410 en el superior. En ningún caso reciben remuneración por estas prácticas.
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