22.000 estudiantes de Málaga, pendientes del acuerdo sobre sus prácticas

Alejandro Burgos, Álvaro Campos, Fernando Leiva y José Luis Amores, del ciclo Sistemas Microinformáticos y Redes del IES Campanillas, con el tutor laboral Antonio Palomo, de CGI, donde hicieron sus prácticas. /SUR
Alejandro Burgos, Álvaro Campos, Fernando Leiva y José Luis Amores, del ciclo Sistemas Microinformáticos y Redes del IES Campanillas, con el tutor laboral Antonio Palomo, de CGI, donde hicieron sus prácticas. / SUR

El Gobierno no descarta suprimir su cotización

Francisco Gutiérrez
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Los estudiantes universitarios y también los de Formación Profesional están pendientes del acuerdo final sobre la polémica cotización de sus prácticas en empresas, que aprobó el Gobierno recientemente y que ha sido rechazado desde las universidades, por la imposibilidad de asumir todo ese coste económico, y desde el sector empresarial. En la Universidad de Málaga realizaron el año pasado prácticas (curriculares y extracurriculares) 13.551 estudiantes. A esta cifra hay que sumar los 8.000 estudiantes de Formación Profesional que, en su plan de estudios, cuentan con la denominada formación en centros de trabajo (FCT), un periodo de estancia en empresas que coincide con los últimos meses del curso.

El coste de la Seguridad Social de los alumnos para la Universidad superaría los 700.000 euros en un solo mes, una cuantía económica «inasumible» para la institución, según el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura.

El 40 por ciento de universitarios y el 50 por ciento de FPconsiguen trabajo en la empresa donde hicieron las prácticas

En la UMA hay dos tipos de prácticas, las denominadas curriculares, que forman parte del plan de estudios del alumno, ya sea como asignaturas obligatorias (por ejemplo, en los grados de Ciencias de la Educación) o bien optativas, y por tanto necesarias para poder titular. Y las prácticas extracurriculares, que son las que ofertan las empresas a través de la plataforma Ícaro, en este caso voluntarias. Las curriculares, es decir, las que forman parte de su plan de estudios, las gestiona el centro y en ningún caso son remuneradas. Las extracurriculares sí son remuneradas, con un mínimo de 360 euros al mes, y en este caso sí había cotización a la Seguridad Social. Pero el Real Decreto-ley 20/2018 (el de la revalorización de las pensiones) incluye en su disposición adicional quinta la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a todos los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas, tanto universitarios como de FP.

En un principio, la disposición condicionaba la entrada en vigor de la norma a la publicación de su desarrollo reglamentario, que debería producirse en el plazo máximo de 3 meses y que debería regular su aplicación concreta, fundamentalmente lo referido a quién y cómo debía hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes. La presión de los rectores consiguió que la entrada en vigor quedara aplazada al curso 2019-20.

Formación Profesional

El Gobierno amplía esta medida incluso a los estudiantes de Formación Profesional, que en el último curso de su ciclo (medio o superior) cuentan también con unas horas de formación en centros de trabajo (FCT). Son 350 horas en el caso de los ciclos de grado medio y 410 en el superior. La FP Básica quedó excluida de la medida. Además, los estudiantes de la FP Dual cuentan con un periodo de formación en la empresa, que tampoco está remunerado.

La obligación de cotizar por los alumnos (algo que de momento no está claro quién pagará) ha generado inquietud, tanto en la Universidad con en los ciclos de FP. «El desarrollo reglamentario del Real Decreto-ley es el que tiene que determinar cómo y quién abona esas cotizaciones. Está bien que el estudiante tenga registrado ese periodo de prácticas como cotización a la Seguridad Social, pero las universidades no pueden asumir ese gasto», insiste Rafael Ventura.

Puerta al mercado laboral

Desde la Formación Profesional se espera que se reconsidere esta legislación, pues si la obligación de cotizar recayera en los empleadores «temo que tendríamos serios problemas para conseguir empresas en las que puedan hacer las prácticas», señaló un profesor. Y para las comunidades también sería un serio gravamen si este cargo recayera sobre las respectivas consejerías.

El periodo de prácticas en empresas es, en ambos casos, determinante para entablar una relación laboral. Así, por ejemplo, más del 40 por ciento de los universitarios que realizan prácticas en una empresa continúan contratados al terminar ese periodo. Y en FP, las empresas buscan a los alumnos de la Dual para que se formen en ellas y les ofrecen un empleo, como sucede en el IESCampanillas. La inserción de los ciclos duales es superior al 80%, y en el resto, de casi el 50%, en gran medida en la misma empresa del periodo de prácticas.

Mientras que hoy se reúnen representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de las universidades españolas y de alumnos para aclarar cómo y quién asumirá la cotización de las prácticas a la Seguridad Social, la ministra de Educación, Isabel Celaá, apuntó ayer a una posible marcha atrás del Gobierno y reconoció que esta medida puede desincentivar la participación de las empresas en la formación de los alumnos.