La Junta cancela 46 pisos turísticos en las torres de Martiricos de Málaga

Los datos de la Junta de Andalucía señalan que el listado enviado por el Ayuntamiento afecta a 140 inmuebles de las conocidas como torres de Martiricos en las que únicamente podrán mantenerse 17 viviendas para alquiler vacacional, ya que fueron registradas con anterioridad a dicha fecha del 22 de febrero de 2024. El resto, incluidas las inscritas más recientemente, deberían anularse.

Estas primeras cancelaciones corresponden, como ya adelantó SUR el pasado viernes, a viviendas cuyos propietarios no presentaron ningún tipo de alegaciones al requerimiento municipal y que tras la comprobación de los expedientes se ha procedido a la salida de los mismos del Registro de Turismo quedando imposibilitados para desarrollar la actividad de alquiler vacacional. En estos casos, Turismo lo ha tenido mucho más fácil a la hora de aplicar la directriz municipal para darlos de baja prácticamente inmediata, suprimiéndolos de su registro oficial de viviendas de uso turístico, un paso que ya tiene difícil marcha atrás.

El resto son 74 pisos que se encuentran en distintas etapas del proceso que se abre una vez que se presentan alegaciones. Concretamente, 63 inmuebles se encuentran inmersos en este periodo de alegar el dictamen del Ayuntamiento y otros once ya han dado un paso más tras recibir la notificación de la Junta para proceder a su cancelación. Estos once mencionados ya han procedido a presentar un recurso, según explican desde la Consejería de Turismo.

Se trata de un proceso que puede durar varios meses. Además, en este caso, desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro), su presidente, Juan Cubo, ha apuntado que, en otros casos de propietarios de pisos turísticos de las torres de Martiricos que sí presentaron alegaciones a los expedientes de cancelación iniciados por la Junta, a instancias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, les ha llegado una resolución por la que se amplía el plazo estipulado inicialmente para contestar a sus alegaciones por falta de recursos o medios de la administración para analizar los cientos de expedientes de este tipo que se han acumulado en los despachos tanto del Ayuntamiento como de la Consejería de Turismo. Ante esta situación, asegura que «si las instituciones están ampliando ese plazo para contestar a las alegaciones, meses después de que se presentaran, es porque hay un fondo legal que no está suficientemente claro para aplicar estas cancelaciones», ha señalado Cubo.