Los juzgados de Málaga, paralizados por segundo día consecutivo por la huelga de jueces y fiscales

Según estiman las cinco asociaciones convocantes -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-, la protesta ha sido ampliamente secundada en su segundo día, con un 70 por ciento -un cinco por ciento menos que ayer- de seguimiento a nivel nacional. La cifra, según apunta a SUR la jueza decana de Málaga, Cristina Hurtado de Mendoza, coincide también con el seguimiento que ha tenido el parón por parte de los magistrados y fiscales malagueños.

A falta de datos oficiales, algunas de las instalaciones hablaban por sí solas. En el sótano, donde se concentran la mayoría de las salas de vistas de los juzgados de lo penal, apenas había una veintena de personas, cuando lo normal es que ronde -o incluso supere- el centenar. Hoy apenas se veían togas en el edificio judicial, con varios de los pasillos prácticamente desiertos en plena hora punta.

Las únicas vistas que se han celebrado han sido aquellas que cumplían los requisitos establecidos por el comité de huelga para ser considerados servicios mínimos. Algunas de ellas han sido por delitos de trata con fines de explotación sexual o pertenencia a organización criminal, que se han enjuiciado en la Audiencia Provincial de Málaga con normalidad puesto que son procedimientos en los que hay presos, mientras que el resto se ha visto aplazado.

De igual modo, también se ha mantenido la actividad de los juzgados de guardia, con detenidos que han pasado a disposición judicial, así como aquellos procedimientos que incluían medidas cautelares personales, así como las causas por violencia de género.

Según ha explicado la jueza decana a este medio, los juicios que se están viendo suspendidos a causa de la protesta serán nuevamente señalados a partir de este viernes, tratando de ubicarlos en la agenda judicial con la mayor celeridad. «Yo entiendo que para el ciudadano de a pie esto es una faena, pero se intenta que, en la medida de lo posible, el menoscabo que sufra sea el menor», apuntaba.

Lo cierto es que desde este martes, cuando arrancó la huelga de tres días, han habido muchos desplazamientos en balde a la sede judicial malagueña. Uno de ellos es el que ha llevado a cabo María del Carmen, de 47 años, que había pedido el día en su trabajo para acudir a un juicio como testigo. «He venido desde Vélez-Málaga porque nadie me ha comunicado nada, ni tampoco sé cuándo voy a tener que venir otra vez», relataba algo molesta.

Si buena parte de los ciudadanos y letrados afectados en estos días se están mostrando en contra de que no se haya comunicado las suspensiones previamente a las partes, pese a comprender la huelga, también hay bastantes que entienden que es uno de los daños colaterales que van de la mano con la medida. «Es normal que quieran hacer ruido, aunque no sea plato de buen gusto para el que le toca», indicaba al respecto Mariano (nombre ficticio a su petición), quien estaba citado como víctima de un hurto.

La protesta, convocada a nivel nacional por cinco asociaciones -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-, es una reacción contra la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al considerar que la misma supone «una amenaza» para la independencia judicial.

Los magistrados y fiscales, con la huelga, ponen el foco en el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. En cuanto a la primera iniciativa, insisten en que «se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

En este sentido, las asociaciones inciden en que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, «por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país». Además, según han criticado, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, «sin pruebas que midan su aptitud para ello».

En cuanto al segundo proyecto, las asociaciones convocantes inciden en que «quieren concentrar todo el poder en el Fiscal General del Estado», lo que, denuncian, incrementará «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Se trata del sexto parón que realizan los jueces desde el inicio de la democracia, a la que, esta vez, también se han sumado los fiscales. En esta ocasión, los magistrados y representantes del Ministerio Público llevaban anunciando que no descartaban llegar a este tipo de medidas de presión desde la primera quincena de junio, cuando ya convocaron concentraciones a las puertas de los distintos juzgados del país para exigir la retirada de las dos reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo al entender que atacaban la independencia judicial.

Este sábado se concentraron frente al Tribunal Supremo, en Madrid, miles de personas, entre las que también había una importante presencia de jueces y de fiscales, como preámbulo de la huelga que comenzó este martes, día 1 de julio, y que, previsiblemente, continuará hasta mañana.