Dos hermanos se enfrentan a 256 años de cárcel como supuestos cabecillas de una red de trata y prostitución en Málaga

Según se expone en el escrito de conclusiones del Ministerio Público, al que este medio ha tenido acceso, los supuestos cabecillas, junto a la pareja del procesado y otra mujer, llevarían al menos desde el año 2021 gestionando el traslado de mujeres procedentes de países latinoamericanos (la mayoría, de Colombia) para explotarlas sexualmente en Málaga. Ambas se enfrentan a las mismas penas que los dos hermanos (128 años para cada uno).

No todas las víctimas tenían las mismas circunstancias, de acuerdo con la acusación, pero sí tenían en común que se encontraban en una situación de necesidad extrema y que arrastraban cargas familiares en sus países, de lo que se habría aprovechado la red. La mayoría de ellas supuestamente fueron captadas en Colombia con falsas ofertas para trabajar en centros de estética o puestos similares en Málaga.

El Ministerio Público señala que la trama contaba con cuatro pisos repartidos por Cruz de Humilladero, Huelin y Camino de Suárez para explotar sexualmente a las mujeres, a las que sometían a unas «condiciones leoninas». Para ello, los principales acusados supuestamente se encargaban previamente de la compra de los billetes y de instruir a las perjudicadas sobre cómo comportarse una vez que aterrizasen en el aeropuerto malagueño.

La organización sólo informaba a las víctimas de que tendrían que prostituirse una vez que ya se encontraban en las casas de citas de la red, donde vivirían. De acuerdo con la acusación pública, a ellas no les quedaba más alternativa. De lo contrario, se quedaban en situación de calle, lo que se sumaba a que estaban en el país completamente solas y sin papeles, además de la deuda contraída por sus viajes.

También captaron -siempre, presuntamente- a mujeres que ya estaban en territorio español, quienes igualmente atravesaban situaciones de vulnerabilidad debido a la falta de documentación y empleo. Aunque a ellas sí les avanzaban que iban a trabajar en prostíbulos, fueron igualmente engañadas sobre las condiciones.

En ningún caso les anticipaban que éstas serían inhumanas y que pondrían en grave riesgo su salud, ya que supuestamente eran incluso obligadas a mantener relaciones sin preservativo. De acuerdo con la Fiscalía, en las casas se encontraban bajo el control de las 'mamis', quienes las habrían forzado para permanecer disponibles las 24 horas de los siete días de la semana por si aparecía un hombre que quisiera sexo.

Las víctimas tampoco tenían la opción de rechazar a ningún 'cliente', independientemente de si era agresivo o estaba bajo el efecto de drogas o del alcohol. Además, supuestamente les hacían distribuir sustancias estupefacientes entre ellos, a los que ofrecían drogas como cocaína o viagra. Esto a veces hacía que se vieran sometidas a horas de prácticas sexuales en las que sufrían lesiones, pese a lo que tenían que continuar trabajando.

La organización las tenía controladas a través de cámaras repartidas en los pisos y, sobre todo, atrapadas por la deuda contraída para venir a España, siendo la misma engordada de manera continua a través de un sistema de multa, siempre según mantiene el Ministerio Público. Solo les dejaban salir dos horas y, si tardaban diez minutos más de lo acordado, eran sancionadas. Si el piso no estaba lo limpio que la red quería, también.

El caso está siendo enjuiciado en la Audiencia Provincial de Málaga desde este martes y está previsto que hoy se desarrolle su última sesión, tras lo que quedará visto para sentencia. Cada uno de los cuatro principales procesados se enfrentan a la petición de 128 años de prisión por un delito de integración en grupo criminal; nueve delitos de trata de seres humanos -en concurso con ocho relativos a la prostitución y uno contra los derechos de los trabajadores-; once relativos a la prostitución y uno de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud en cuantía notoria. La suma total de las penas que pide Fiscalía para los cuatro alcanza los 512 años de cárcel.

Para las otras procesadas, las supuestas 'mamis', el Ministerio Público solicitaba inicialmente penas que rondaban los 60 años para cada una como presuntas responsables de 19 delitos relativos a la prostitución y por tráfico de drogas. No obstante, según han señalado fuentes próximas a la causa, esta petición se habría visto considerablemente rebajada, hasta los dos años y sin ingreso en prisión, tras haber reconocido las investigadas su implicación en los hechos.

La operación policial, llevada a cabo por los agentes de UCRIF I de la Policía Nacional en Málaga, comenzó a partir de tres denuncias recibidas en el teléfono 900 10 50 90, una de las herramientas, junto al correo electrónico trata@policia.es, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.