Condenan a una aseguradora a pagar más de 173.000 euros por la muerte de una paciente en Marbella

La fallecida, que ya padecía varias dolencias, sufrió una caída en Francia el 18 de marzo de 2019, y se le diagnosticó mediante un TAC una fractura a nivel sacro sin desplazamiento con hematoma. Con su aseguradora médica, acudió el 26 de abril al servicio de urgencias de un hospital privado de Marbella ese mismo mes con el dolor que presentaba y con hematomas lumbares. Recibió el alta tras una valoración inicial y con un diagnóstico de lumbalgia.

En este caso, en el que la familia de la mujer ha estado asistida por el letrado Damián Vázquez del Defensor del Paciente, denunciaron que a pesar de que en esta ocasión ya presentaba signos de anemia severa, insuficiencia renal aguda, extensos hematomas y deterioro progresivo, «la atención médica fue manifiestamente deficiente».

La mujer recibió el alta sin que se adoptasen medidas para contener la hemorragia, ni se realizaron estudios más detallados. Al cabo de unas horas, la paciente tuvo que ser reingresada en el centro hospitalario «por agravamiento del cuadro clínico, constantes inestables, evidencia de sangrado activo y fallo multiorgánico», señalan desde el Defensor del Paciente.

La paciente empeoró y, de acuerdo con la resolución, «no se adoptó ninguna de las medidas recomendadas (...) ante un gran hematoma expansivo que comprimía la vejiga y provocaba una alteración funcional que generaba una anemia severa y un fracaso renal, ya que la hemorragia que mantenía la paciente estaba generando la insuficiencia renal prerrenal que cursó con la oligoanuria». En este sentido, insiste en que, tras ver que el tratamiento no estaba siendo eficaz, «se sigue optando por una actitud conservadora y no se adoptan más medidas».

Finalmente, murió la mañana del 29 de abril, lo que sucedió según el fallo sin que se aplicaran «las técnicas correctas y adecuadas», lo que impidió instaurar el tratamiento correcto para evitar el agravamiento de la mujer. Ello, insisten los jueces, «ha causado un grave perjuicio que desembocó en el fallecimiento de la paciente, acreditando la evidente relación de causalidad entre la acción/omisión de la actuación médica y el resultado lesivo».

La aseguradora médica tendrá que responder ya que, de acuerdo con el contrato, no solo actuaba como intermediaria, sino que debía garantizar la efectiva prestación de los servicios médicos a sus asegurados, como viene reiterando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, con esta sentencia, se ha confirmado la indemnización de 137.426 euros.

La compañía también tendrá que hacer frente al pago de los intereses, por lo que la suma a día de hoy podría ascender a más de 273.500 euros, según el Defensor del Paciente.