Un juez de Málaga condena a un banco por las cláusulas abusivas de una hipoteca

Desde la entidad financiera aseguraron que, de momento, están estudiando la resolución para «adoptar las decisiones oportunas» tras el pronunciamiento judicial. En la sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Málaga, se da la razón al consumidor, que llevó ante los tribunales varios términos de su acuerdo hipotecario.

Como se expone en la misma, el perjudicado, que estuvo representado por el despacho de abogados Ley 57, tenía que hacer frente en solitario a los pagos derivados de las gestiones, los servicios y los tributos asociados al convenio. Esto era así por la cláusula de atribución al prestatario de todos los gastos inherentes a la formalización del contrato.

Para el titular del juzgado, esta condición se trataba de una «imposición derivada de la distinta posición entre prestamista y banco», por lo que la ha declarado abusiva. Por este motivo ha estimado la petición de nulidad solicitada por el perjudicado y en el fallo ordena a la entidad financiera la devolución de 788,35 euros por los pagos.

Otro de los puntos que demandó el consumidor es el relativo a la cláusula de vencimiento anticipado. De acuerdo con la resolución, el banco pretendía ejecutar la escritura del préstamo hipotecario por el impago de una de las cuotas, sin que se ofreciera al usuario ninguna clase de alternativa para enmendarlo.

«Resulta a todas luces desproporcionado que, por un solo impago o por el incumplimiento de una obligación accesoria o superflua, la entidad financiera pueda dar por resuelto de forma anticipada el contrato y exigir la íntegra devolución de toda la cantidad objeto del préstamo», concluye el juez al respecto en su escrito.

Falta de información comprensible

Al margen de las cláusulas hipotecarias, el demandante invirtió en una serie de operaciones financieras ofrecidas por el Santander sin que se le hubiera proporcionado información comprensible para que fuese realmente consciente de los riesgos que asumía.

Así lo ha estimado el magistrado, que ha incidido en que no se había probado que la entidad hubiera realizado un estudio previo de las condiciones económicas y empresariales del cliente para asegurarse de la adecuación del producto ofrecido. En consecuencia, el banco tendrá que devolver al demandante 6.860,86 euros.