¿Eres un consumidor vulnerable? Desde hoy tienes estos nuevos derechos

Según recoge el decreto, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la figura del consumidor vulnerable se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras, que deberá ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas privadas en las relaciones de consumo.

Al respecto, el nuevo decreto reconoce que existen diversas situaciones, agravadas por la actual situación de crisis sanitaria, circunstancias sociales o personales, que hace que ciertos colectivos se encuentren en una delicada situación de subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo. Y, por ende, sean más propensas a ser víctimas de fraudes o abusos.

Con el nuevo decreto, antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato y oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle «de forma clara y comprensible», salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información «relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas».

Asimismo, los términos en que se suministre dicha información tendrán que facilitarse a dichos clientes en un formato «fácilmente accesible», garantizando en su caso la asistencia necesaria, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan que tomen las mejores decisiones para sus intereses.

El Real Decreto también establece que las campañas informativas o educativas divulgadas por las administraciones deberán prestar especial atención a sectores que cuenten con mayor proporción de consumidores vulnerables, como el financiero; y señala que las especificidades de los consumidores vulnerables tendrán que ser tenidas en cuenta por parte de las administraciones a la hora de establecer mecanismos para la resolución de controversias entre el consumidor vulnerable y las empresas.

Además este nuevo marco legal sienta las bases para desarrollos reglamentarios posteriores que permitan avanzar en aspectos como el etiquetado de productos, la información previa al contrato y la que debe incluirse en el mismo, la gestión de reclamaciones y la atención al cliente.

La medida es una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones de consumidores. La Nueva Agenda del Consumidor de la Comisión Europea para el periodo 2020-2025 pedía a los miembros de la UE aprobar esta figura, pero la mayoría de los países todavía no han dado dicho paso. Con este decreto, España se coloca al frente en la protección de los consumidores a nivel europeo, como destacan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). «Solo el hecho de que se recoja en la ley ya supone el marco de una protección reforzada», resaltan.