El confinamiento impidió denunciar al 15% de las maltratadas

El número de maltratadas que denunció ante la policía o los jueces las vejaciones o agresiones a las que les sometió su pareja o ex pareja entre abril y junio de este año fue casi un 15% inferior a las cifras del mismo periodo del año pasado, según los datos dados a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, no tiene duda alguna del motivo: el descenso hay que achacarlo a las «enormes dificultades» que tuvieron las víctimas durante el encierro para salir de casa y dar el ya de por sí difícil paso de denunciar al agresor. «La dramática situación vivida por estas mujeres, que en muchos casos se vieron obligadas a vivir el estado de alarma encerradas en casa con su maltratador, fue un hecho que para ellas supuso un escollo añadido para pedir ayuda y denunciar los hechos ante el juez o ante la policía», asegura Carmona.

El resultado es que entre abril y junio, el período que abarca el grueso del confinamiento por la pandemia, el Poder Judicial constató una importante disminución interanual de la práctica totalidad de los indicadores que miden la actividad de los órganos judiciales en la lucha contra la violencia de género. Las denuncias (34.576) se redujeron un 14,62%; el número de mujeres víctimas registradas durante ese período (33.338) descendió un 13,91%; la solicitud de órdenes de protección y alejamiento de los agresores (10.124) bajó un 14,8%, y las sentencias dictadas por violencia de género (5.344) fueron un 59,67% menos.

Esta caída de los indicadores es solo achacable a las consecuencias del encierro sobre las víctimas, aclaran desde el Poder Judicial, porque todos los servicios sociales, policiales y judiciales de atención y protección a las maltratadas se mantuvieron completamente activos durante el confinamiento, ya que fueron declarados actividades esenciales por el propio real decreto de 14 de marzo que declaró el estado de alarma. En lo relativo a los tribunales, la suspensión de los plazos procesales del decreto de estado de alarma no afectó a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.