La otra cara del proceso

Alvaro Frías

Martes, 11 de abril 2017, 00:39

Cuando el director de la prisión les sentó ayer en el mismo despacho ya sabían lo que iban a escuchar. Nadie se lo había comunicado ... de forma oficial, pero desde hace meses sabían que sus nombres estaban en la terna que se envió al Ministerio de Justicia para recibir la gracia de Jesús El Rico y ser indultados. Soñaban con acompañar a la imagen durante su recorrido, algo que se esfumó el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros no aprobó en su reunión semanal el indulto de un penado para la cofradía del Miércoles Santo.

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Son Antonio y Pablo dos nombres ficticios para preservar su intimidad. De las tres personas que conformaban la terna que fue enviada al Ministerio de Justicia y en la que nadie fue seleccionado, ellos fueron los primeros en caerse, según informaron desde el Gobierno, alegando que contaban con informes desfavorables del tribunal sentenciador y de Fiscalía, aunque sí tenían otros positivos de prisión y la Audiencia.

Ambos cumplen condena en la prisión de Alhaurín de la Torre tras un largo proceso judicial, que se inició en 2010, cuando fueron detenidos en el marco de una operación policial contra el tráfico de drogas.

Tras haber sido absueltos en un primer momento, al declararse nulas las escuchas dentro del proceso, tras recurrirse esta decisión acabaron condenados por el Tribunal Supremo, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico.

En la sentencia se explica que, bajo la jefatura de Pablo y otro procesado, los más de 12 acusados en este caso se pusieron de acuerdo para fletar un pesquero desde el Puerto de Málaga hasta un punto de alta mar, previamente concertado con los suministradores de hachís procedentes de Marruecos, y allí hacer un traslado de droga para regresar a la capital, descargarla y venderla a terceros. Pese a ello, la intervención policial les impidió cumplir con sus planes. Antonio se encargaba de contactar con los proveedores y coordinar parte del viaje.

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El Supremo condenó a Pablo a cinco años de prisión y a dos multas de diez millones de euros por un delito contra la salud pública. Por el mismo, a Antonio se le impuso una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, así como una sanción económica de 16 millones. A ambos se les impusieron seis meses más de privación de la libertad por pertenencia a grupo criminal.

Después de haber pasado más de un año en prisión preventiva tras su arresto, los dos procesados quedaron en libertad hasta que, poco antes que finalizase 2016 tuvieron que volver a la cárcel. Marta Fuentes, abogada de uno de ellos, insiste en que si se les ha elegido para formar parte de la terna, algo que aprueban en un primer momento desde la prisión, que es dónde están en contacto permanente con ellos, es por que les consideran aptos para reinsertarse en la sociedad.

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Sin condenas previas ninguno de los dos, ambos se encontraban trabajando y estabilizados con sus familias cuando tuvieron que volver a la cárcel por la condena del Tribunal Supremo, según indicaron las mismas fuentes. Al igual que compartieron banquillo en esta causa, Pablo y Antonio tendrán que seguir juntos en prisión otra temporada y no porque en la cárcel no piensen que son aptos para volver a su día a día fuera de los muros del centro penitenciario, apunta la letrada.

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