La escasez y el precio de las viviendas se ha convertido en el primer gran arma preelectoral en la capital, pues cada vez hay una ... mayor preocupación entre la población, sobre todo la más joven, del problema que tiene para poder acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en régimen de alquiler. El alcalde acaba de presentar un plan para construir casi 9.000 viviendas, de las que 4.100 serían VPO, mientras que el candidato del PSOE, Dani Pérez, ha doblado la apuesta y ha prometido que hará 10.000 casas de protección oficial. Tiempo de promesas. El problema es determinar quién hace este tipo de inmuebles. Tanto el alcalde como el candidato a sucederle al frente de la Alcaldía se están arrogando una competencia que no es suya, aunque sin duda todo esfuerzo en ese sentido ayuda. Lo que ha resultado una novedad en estos días es que el regidor al fin se ha decidido a ponerle el cascabel al gato, ya que ha puesto en evidencia a la Junta de Andalucía 'amiga' del PP para que asuma su competencia y ponga los medios necesarios para construir estas VPO. El Gobierno andaluz lleva lustros sin levantar una vivienda de protección oficial. Vergonzosa fue la actitud del anterior Gobierno socialista que desde el año 2000 hasta que perdió el poder no llegó a construir ni medio centenar de VPO en Málaga, mientras que el Ayuntamiento ha levantado algo más de 5.000. No está mal la verdad si se tiene en cuenta que no tiene la obligación de hacerlas, aunque eso supone un gasto en las arcas municipales que al final están pagando los malagueños vía impuestos. El candidato socialista pone en la diana al alcalde, del que dijo que su plan era una «porquería», quizá porque no se atreve a criticar a la actual Junta pues puede salir escaldado con el paupérrimo saldo que ofreció el Gobierno andaluz cuando estaba gobernado por los socialistas. La clave está en la Junta de Andalucía, que sigue la estela de la anterior etapa. Y ya llevan cinco años. Así de claro. El Gobierno autonómico se está limitando a poner el dinero que le viene del Estado, que a su vez recibe de fondos europeos. Y ante la postura del alcalde ya le ha contestado diciendo que lo que hará será poner suelo que ya tiene disponible, pero que no será ella la que edificará. La actitud no puede ser más cómoda. Se lava las manos y se deja en la voluntad de los privados levantar estas viviendas. Y los promotores privados, lógicamente, hacen viviendas de renta libre porque les resulta más beneficioso. Ganan bastante más dinero. La ley les obliga a destinar un 30 por ciento de los suelos que desarrollan a VPO, pero la clave está en que no pone fechas para ejecutarlas. El resultado es que hay suelo de sobra en la ciudad destinado a VPO en los que al final no se edifica porque no tienen esa premura de tiempo. Por eso no se puede basar ningún plan de vivienda sobre la espalda de los privados. El que acaba de presentar el alcalde confía en que el 70% de las mismas la hagan los promotores. O sea, más de lo mismo. Resulta curioso ver cómo ha ido descendiendo la construcción de las VPO desde los años sesenta hasta la actualidad. En Málaga hay barrios enteros que se levantaron como viviendas de protección. Durante el franquismo se hicieron, por poner un par de ejemplos, los 25 años de Paz o Carranque. Raro era no ver en cientos de bloques aquellas placas plateadas identificativas del Ministerio de la Vivienda de que eran casas promovidas por el Gobierno. En los años sesenta y setenta el porcentaje de viviendas de protección llegó a estar sobre el 80%. Ese ritmo se mantuvo también durante los años de la transición donde se desarrollaron barrios en la carretera de Cádiz o en la zona norte de Málaga. Fue en el año 1979 cuando se produjo el récord con un ¡87%! de VPO frente a las viviendas libres, según los datos aportados por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU). Fue a mediados de los ochenta cuando empezó a desplomarse la construcción de este tipo de viviendas. Baste como dato apuntar que en el año 2020 y 2021 los proyectos visados para VPO fueron ¡0! Esta es la realidad y la responsabilidad de este paupérrimo balance tiene un nombre: la Junta de Andalucía. La competente para ello o más bien la incompetente...
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