Salvar el sistema de pensiones

A día de hoy, España cuenta con 49 millones de habitantes, de los cuales solamente 24,5 millones están activos (50 % de la población), incluyendo 2,5 millones de parados. De entre los inactivos, hay más de 9,4 millones de pensionistas y de éstos, 6,5 millones son jubilados. Si estos datos ya son poco alentadores, la OCDE advierte de que el país sufrirá en los próximos 25 años un desplome «drástico» de su fuerza laboral a causa de la baja natalidad y la oleada de jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Calcula que en 2050 habrá perdido un 30% de cotizantes, lo cual convertirá al país en el que mayor proporción de PIB deberá destinar a las pensiones. Ello, previsiblemente, tensionará el equilibrio financiero del sistema.

Más allá de los ajustes cortoplacistas como la subida anual de las pensiones, no puede obviarse que el informe de la OCDE supone un jarro de agua fría para el país, que hasta la fecha no ha encontrado el modo de aprobar una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Mientras el Gobierno minimiza la incontestabilidad de los datos, las cifras muestran una situación anómala cuya resolución llama urgentemente a la búsqueda de soluciones constructivas mediante el consenso amplio entre los partidos. España se encamina hacia uno de los mayores desafíos del siglo. No plantar cara a dicho reto pondría en riesgo la economía y el estado de bienestar, lo cual sin duda propiciaría un clima de conflictividad social que tiende a ser caldo de cultivo de problemas peores.