Padre Custodio Campeador

Hace ocho años, la que fuera fiscal de Málaga, María Teresa Verdugo, ahora alto cargo del ministerio de Igualdad, denunció al padre Custodio Ballester por un supuesto delito de odio. El sacerdote católico en un programa en directo en la web Alerta Digital, criticó la amenaza que supone para nuestras sociedades libres el islamismo radical y el yihadismo. A la denuncia de la fiscalía se sumó la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia, liderada por Ibrahim Miguel Ángel Pérez Ramírez, un activista de los círculos de Podemos, que después se convirtió en candidato de Barcelona en Comú, y que es recordado por sus tuits en 2016 en los que afirmaba: «Sí, la confesión, un instrumento para encubrir a los pederastas; qué mierda de religión» y «la vuestra, esa España rancia y católicos que encubre a los pederastas». Todo un tratado de sutileza y elegancia. La estrategia diseñada contra el padre Custodio Ballester, que ha querido silenciarlo civilmente, comenzó por llamar «discurso de odio» a su crítica libre, a la que le siguió la instrumentalización de la acción de la Justicia en beneficio de los denunciantes que se presentaban como los únicos garantes de la convivencia. Pidieron de entrada las penas máximas en los escritos de acusación, al objeto de asustarlo para que de esta manera se aviniera a una sentencia de conformidad, aceptando una pena más leve para evitar la cárcel, pero contribuyendo así a sentar una jurisprudencia perniciosa. El efecto disuasorio pretendido por la denuncia ha sido evidente. No hace falta que las acusaciones prosperen; basta con el agotador proceso para generar autocensura. El delito de odio se ha convertido en demasiadas ocasiones en nuestro país en un instrumento represivo contra cualquier discurso disidente del relato del poder. Muchos pretenden convertir el derecho penal en una herramienta de control ideológico, donde no se castiga la incitación efectiva a la violencia sino solo la expresión de ideas molestas o políticamente incorrectas.

El padre Custodio Campeador ha tenido que librar una dura batalla estos ocho larguísimos años demasiado solo. La Audiencia ha dicho lo justo y lo difícil: que la libertad debe aguantar también lo áspero. Quien quiso hacer dogma del Código Penal se quedó sin púlpito. La tinta debe seguir manchando la foto oficial, es el precio de ver con los ojos abiertos. Siga cabalgando don Custodio.