El (anti) pacto por la sanidad pública
La histórica utilización de la sanidad como herramienta política, en Andalucía y en el resto de las comunidades, no sólo obstaculiza las soluciones sino que puede terminar por cargarse el sistema de salud
Un exconsejero socialista de salud de Extremadura se lamentaba de que las críticas que el PP le hacía al Gobierno de Fenández Vara sobre la ... Sanidad eran idénticas a las que hacía el PSOE a Moreno Bonilla en Andalucía. Con ello quería expresar la utilización que los partidos políticos hacen de la Sanidad para desgastar al Ejecutivo de turno. Este es el principal problema al que se enfrenta el sistema, precisamente en un momento en el que hace falta tomar decisiones para evitar el desmoronamiento de la red asistencial no sólo en Andalucía sino en el resto de las comunidades autónomas. Y vaya por delante que, a pesar de todas las dificultades, España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, universal y gratuito para el usuario, que no para el contribuyente.
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Es preciso no sólo alcanzar un pacto entre todos los partidos y sacar a la Sanidad del barrizal político, sino que es preciso desmontar aquellos relatos que se divulgan con el único objetivo de atacar al rival político.
En Andalucía, por ejemplo, hoy hay 25.000 trabajadores más que hace cinco años y se invierten 4.000 millones más que en la legislatura pasada, para alcanzar una cifra de 14.000 millones, que suponen el 35 por ciento del presupuesto de la Junta de Andalucía y un 7,4 por ciento del PIB de la región. Pero esta inversión es a todas luces insuficiente porque la realidad, y no sólo la percepción de los pacientes, es que hay un grave problema estructural de gestión.
Y el principal de ellos es la lista de espera, con más de un millón de andaluces, más de 800.000 para una consulta y algo más de 200.000 para una intervención quirúrgica. Y esta lista de espera se ha agravado en el último año debido a que se han recortado los conciertos con centros privados. En junio de 2022 se alcanzó el mínimo histórico en la lista de espera por esos conciertos, que se rebajaron drásticamente a raíz del pago de 124 millones a Clínicas Pascual por una deuda pendiente de la etapa del PSOE en el Gobierno de la Junta. Es decir, visto lo visto, una de las claves para reducir la lista de espera pasa por recuperar conciertos, algo que siempre se topa con la crítica política bajo el mantra de que se quiere privatizar la sanidad pública. Nadie en su sano juicio pretende en este país privatizar la sanidad, lo que ocurre es que para mejorar la asistencia y rebajar las listas de espera se necesita, entre otras medidas, a los centros privados.
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Otro de los problemas es la falta de médicos y los bajos salarios que perciben. La falta de profesionales se va a paliar en parte por el incremento de plazas MIR en Andalucía un 35 por ciento, pero eso no será suficiente. Resulta evidente que debe haber más médicos, que deben cobrar más y que, en la atención primaria, deben ver a más pacientes. Lo deseable sería que un médico viese a 25 pacientes al día como mucho, pero eso resulta inimaginable por el coste que tendría. Hoy hacen 35 visitas y hay teorías que apuntan a que se podrían alcanzar las 40-45 visitas. Eso sí, trabajando más y, por supuesto, cobrando por ese trabajo extra.
Todos estos datos hacen pensar que se trata de una estrategia transversal que suponga mayor inversión en la contratación de profesionales en la red pública, mejores condiciones salariales, mayor productividad de los propios médicos y conciertos con centros privados. Y ello teniendo en cuenta que el incremento del gasto en Sanidad no es infinito. Pero la consecución de estos objetivos, no sólo en Andalucía, se topa permanentemente con la bronca política y con una oposición –unas veces del PSOE y otras del PP– dispuesta a minar y dificultar cualquier decisión. La sanidad, que es la joya del Estado del Bienestar, debiera quedarse al margen de cualquier estrategia política y protegerse a través de un pacto que diseñara un modelo sostenible y viable, alejado de intereses partidistas.
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Basta aplicar el sentido común y ver ese millón de personas en listas de espera, el volumen diario de consultas e intervenciones, la gestión de 125.000 trabajadores y de 14.000 millones de euros para darse cuenta de la complejidad del asunto cuya solución pasa, aunque sea predicar en el desierto, por ese acuerdo andaluz entre todas las partes. Pero parece que eso es mucho pedir.
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