JUSTICIA: ASIGNATURA TRONCAL SUSPENSA

Habrá quien diga que no son días carentes de debate sobre la Justicia y tendrán razón: pero pelearse por cómo se nombran los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no alivia la carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil, por ejemplo, ni decidir si el Rey debe acudir a Cataluña a la entrega de los despachos de la nueva promoción de jueces aligera los juzgados de instrucción de lo Penal. Independientemente, claro está, de que lo idóneo es hacer caso a las recomendaciones de la Unión Europea sobre la independencia de los magistrados y de que el Rey, claro que sí, debe ir a animar a esos jueces de estreno a Barcelona.

Cuando los periodistas hemos querido concienciar sobre un asunto, siempre nos ha venido bien personalizar, contar la anécdota más dramática con nombres y apellidos. No es lo mismo la estadística de los archivos judiciales, por ejemplo, de denuncias de la Ley Integral de Violencia de Género que hablar de un drama concreto y así se consigue tramitar otra ley, de paso, que impida a un padre ver a sus hijos desde el momento de la denuncia, pese a las posibilidades grandes de que se quede en nada. Los muy entusiastas dirán que aunque se evite un solo caso ya ha merecido la pena legislar con el cañón para matar las moscas. Pero, ¿qué pasa con el atasco judicial? No hay asociación de víctimas de retrasos judiciales en las tertulias de televisión, en un mundo en el que todos cogen la bandera de víctima del suelo. Y eso que, al cierre del primer trimestre, según el Poder Judicial (CGPJ), había 3,11 millones de casos pendientes de resolver en los tribunales, miles de millones de euros en litigio, por ejemplo. Entre ellas, así, a boleo, el juicio por el incendio de la Costa del Sol en 2012, sin juicio todavía, con los rescoldos calientes del fuego de Sierra Bermeja. Imaginen de todo en los asuntos pendientes: desde denuncias por vulnerar el régimen de visitas en un divorcio, a problemas penales de enjundia y a denuncias a la Administración. Esto último, por cierto, sí que ha quedado claro que es cero prioritario, no se van a tirar los gestores de lo público piedras sobre su cabeza. Qué decir de las pesadillas de muchos abogados con Lexnet, la plataforma electrónica de tramitación de asuntos judiciales. Las redes están plagadas de anécdotas que no han llegado nunca a los telediarios.

Las más que probables injusticias sociales que se escondan en los millones de folios de expedientes no parecen importar, sin embargo, a los guerrilleros de la bondad. Ellos, respecto a los juzgados, están ahora trasladando la idea de que el problema es que los jueces son mayoritariamente conservadores y de clase alta, hijos de papá. Los datos los contradicen porque la que ellos llaman «justicia patriarcal» está ahora conformada mayoritariamente por chicas de clase media, dispuestas a sacrificarse en varios destinos por todo el país pero, por supuesto, no vamos a dejar que la realidad nos estropee el estereotipo.

Mientras los políticos no ponen remedio a la situación judicial, sí que se dedican a tomar medidas con muchas posibilidades de acabar en los tribunales, como hemos visto con las adoptadas en la pandemia. O las que anuncia el Gobierno contra las eléctricas. Y ¿de qué sirve que el Constitucional falle un año después contra el estado de alarma? ¿Hemos meditado lo suficiente sobre eso? ¿Es una democracia fallida la que no es capaz de salvaguardar derechos fundamentales porque el tribunal que lo decide lo hace con un año de retraso?

Un problema añadido es que, desde la prensa, se tiende a medir la productividad de los políticos basándose en legislación aprobada. Cierto es que, en Andalucía, se ha logrado que los abogados del turno de oficio cobren con bastante más rapidez que antaño y, en Economía, se ha sacado pecho de una comisión que se ha dedicado a «desregular», o sea, a poner orden en el marasmo legislativo para animar la inversión. Pero, por lo general, las leyes novedosas en campos vírgenes se aplauden. Vamos a tener Ley del Flamenco: ¿Hacía falta? Los médicos, aunque con cada vez más dudas, se suelen guiar por la frase de «primero no hacer daño», que les lleva a Hipócrates. ¿Hacen lo mismo los políticos cuando se lanzan a legislar? ¿Piensan por asomo en los asuntos que pueden acabar en los juzgados? ¿Les importa?

Tenemos fracaso escolar y también judicial. El curso de nuestros representantes políticos debería dar comienzo con una renovación del CGPJ por los mismos jueces y la entrega de despachos a los nuevos, en Barcelona, con el Rey. A partir de ahí, menos leyes y más medios a los juzgados. Bienvenidos los profesionales del marketing político que sean capaces de convertir en algo sexy electoralmente la solución a ese problema gigantesco. Porque, como dice la economista María Blanco en su último libro, nos guste o no, votamos gestos. Si esos gestos o promesas populistas que nos dividen, además, acaban por crear nuevos problemas el camino al declive de la democracia, preocupación real, está servido.