El grosero manoseo político de la Justicia

Los partidos políticos sólo ven a la Justicia con unos ojos, los de su control. Los jueces llevan décadas clamando en el desierto pidiendo medios ... para que sea más efectiva, para mejorar la calidad en sus investigaciones y para evitar su endémico retraso. Pero no hay manera. Llama la atención, por ejemplo, los medios tecnológicos que tiene la Agencia Tributaria para cazarnos a todos a golpe de un solo clic y sin embargo los juzgados y tribunales españoles siguen sin estar en la primera línea tecnológica. Lo que realmente importa es controlar al poder que tiene precisamente como mandato constitucional controlar al Ejecutivo y al Legislativo. El PSOE y el PP estaban a punto de perpetrar un nuevo pacto en este sentido. Tenían pactados ya los nombres. Ya se sabía la etiqueta que había que colocar a los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como se ha venido haciendo por cierto desde el año 1985, cuando el Gobierno de Felipe González cambió la ley que acabó de un plumazo con la elección de doce miembros por parte de los propios jueces. Es una pena que a los miembros de este órgano se les conozca más por sus adscripciones políticas que por sus trayectorias jurídicas. Pero es inevitable, porque en los currículums de más de uno sus méritos son haber sido el azote contra uno u otro partido o contra los propios jueces que han tumbado con sus resoluciones leyes con un determinado cariz ideológico que se alejaban de la legalidad vigente. Ese es el nivel que hay ahora. Y la culpa la tienen los propios partidos políticos, en concreto el PSOE y el PP, pues ambos son necesarios por el sistema de mayorías que se exige para estos nombramientos. Feijóo ha estado a punto de cometer un gran error pactando el nuevo intercambio de cromos y no lo ha hecho por razones puramente políticas, y eso es lo más triste. No puede pactar con Pedro Sánchez cuando éste tiene pactado con los partidos independentistas rebajar la pena de sedición, dando alas así a los golpistas catalanes a que lo vuelvan a hacer con la ventaja de que el castigo será sensiblemente menor. El líder del PSOE ha mostrado un desprecio hacia los jueces cuando indultó a los golpistas catalanes pese a la condena y pese al informe negativo que emitió el Supremo en contra de esta medida de gracia, que se llevó a cabo por razones estrictamente políticas. No es de extrañar que los ciudadanos sientan que hay una Justicia para unos y Justicia para otros, o sea, una Justicia que tiene la venda quitada. El presidente del Gobierno aduce que hay que equiparar este delito al derecho comparado europeo. Miente, porque en la mayoría de países de la Unión Europea el ataque contra el Estado se castiga con la misma pena o incluso con otras superiores. Llama la atención que Sánchez argumente esta equiparación (aunque sea falsa) y sin embargo no haga caso a Europa cuando el propio comisario de la Unión Europea ha afeado que España no tenga un sistema de elección de los magistrados del CGPJ como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Es más, se tilda esta elección como una anomalía democrática, porque la independencia de este órgano constitucional está claramente cercenada. Para eso no se mira en el espejo europeo. Vaya por Dios.