No es la especulación, es la regulación

En Manhattan sabemos desde hace décadas que los treinteañeros comparten piso, como nos enseñaba la pandilla de 'Friends', lo mismo que los frikis físicos en California de 'The Big Bang Theory'. Aquí no tenemos a cientos de sin techos por las calles como sí que ocurre en San Francisco o en Los Ángeles, con tiendas de campaña en las aceras e indigentes haciendo sus necesidades en los parques. Y eso pasa en el Estado que lleva el progresismo extremo por bandera.

El relato dominante culpa de la escasez de vivienda a la especulación, al mercado y a los liberales, que venden tan mal sus tesis, se les tiene que dibujar un rictus de resignación en la cara por inútiles al explicarse. Habría que estudiar qué provoca el desajuste en el mercado inmobiliario entre oferta y demanda. Nadie se puede quejar de no tener acceso a ropa barata, dada la cantidad de empresas textiles que son capaces de proveerla a precios competitivos. Obviamente, no ocurre eso con las viviendas y las razones no están en la especulación y sí en lo contrario, o sea, en la excesiva regulación de las autoridades competentes que, en asuntos urbanísticos, pueden incluir desde una Gerencia de Urbanismo hasta un departamento de Adif si el suelo está cercano a una vía ferroviaria, por no hablar de Costas, Medio Ambiente e incluso privados, como Endesa, que exigen inversiones de promotores que, además, tardan en tramitar.

A modo de ejemplo, las grúas que empiezan a verse en algunos suelos de Málaga, desde Campanillas a Puerto de la Torre pasando por Churriana, están en sectores cuya tramitación urbanística empezó hace varios lustros. Suelos dibujados en planes que tardan tanto en tramitarse que, cuando se aprueban, pueden encontrarse que un operador como Airbnb de apartamentos turísticos ha trastocado las previsiones de funcionarios bienintencionados pero ajenos a las pulsiones del mercado.

Si lo que queda claro es que hay un problema de oferta, póngase todo el esfuerzo en solucionarlo. Si faltan oficinas, debería facilitarse el cambio de uso de edificios. Si algún inversor quiere colocar mesas donde antes había coches de concesionario, eso no debería ser un problema administrativo. Si los chalés unifamiliares de urbanizaciones de los años 70 no encuentran familias para habitarlos por demasiado grandes, quizás se podría pensar en soluciones de división de la propiedad horizontal que hicieran posible compartir parcelas.

Hace unos años, una amiga uruguaya me contó el éxito que estaban teniendo allí los contenedores marítimos reconvertidos en viviendas. En España, algún emprendedor lo intentó, pero fracasó al incumplir las especificaciones del Código Técnico de Edificación. Eso significa que tenemos a unos funcionarios y expertos que han decidido por el bien de los demás que nadie debe vivir en un contenedor como de los que disfrutan los uruguayos, por ejemplo, y así limitamos las soluciones.

Que la regulación limite la oferta no es algo exclusivo de España, ni mucho menos. Precisamente en California son tantas las restricciones a construir de cualquier manera que sólo se benefician los millonarios que pueden comprarse mansiones muy respetuosas con el paisaje y con el número de plantas, como la que se acaba de comprar Bill Gates en primera línea de playa en San Diego, poco temeroso al aumento del nivel de mar.

No se trata de crear falsos dilemas entre paisaje y vivienda accesible, aunque pudiera parecerlo si tenemos en cuenta los millones de casas que se construyeron durante el franquismo en unos bloques que se alejan del canon de la belleza, aunque menos que los enormes barrios soviéticos o los barrios de casas protegidas de algunos suburbios de ciudades de EE UU. Tenemos terrenos de sobra, conciencia creciente sobre destrozos urbanísticos y nos falta la visión de que somos cada vez más áreas metropolitanas que deben complementarse. Si Alhaurín de la Torre es una ciudad-jardín dormitorio de Málaga conviene que se tenga en cuenta para las conexiones de transporte público, por ejemplo.

Los excesos de burocracia también penalizan la escasez de oferta en el alquiler. A mayores dificultades para que un propietario pueda echar a un inquilino que no paga, más pisos se quedarán sin salir al mercado porque no debe de ser ninguna sorpresa que no hay muchos que quieran ser ONG por imposición del Gobierno. Lo mismo ocurre con los que son de propiedad pública, o sea, de todos los contribuyentes. Si la misma Administración ve que no puede controlar ni expulsar a los que no cumplen en su parque público de viviendas, los incentivos para construir más disminuyen. Por eso hay que aplaudir la labor que está realizando Juan José Bernal al frente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) junto la Policía para desahuciar a narcos de pisos públicos.

Hay un problema de acceso a la vivienda que está siendo el combustible, además, de propuestas políticas populistas. Debemos empezar por admitir este hecho. No es una protesta caprichosa. De la solución que seamos capaces de dar puede depender en parte de cómo evolucione el mapa político. Lo fácil son los subsidios, intervenir el mercado de los alquileres. Pan para hoy. El hambre de casa del mañana es ser mucho más ágiles desde los poderes públicos y menos soberbios a la hora de pensar en qué quiere la gente. Puede estar a gusto viviendo en un contenedor.