El jueves se consumó lo que hace un año parecía imposible. Ya hay Ley de Amnistía, aunque ésta tiene muy poco que ver con la ... que se aprobó para dar la bienvenida a la Democracia tras la dictadura franquista. Aquella unió a todos los españoles y la actual ha partido en dos a la ciudadanía. Además la norma que se aprobó el jueves supone una humillación a varios poderes del Estado, porque asume que se cometió una injusticia con los golpistas catalanes. En primer lugar, al Rey, que salió públicamente para defender el orden constitucional tras el fatídico 1 de octubre. Después a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tuvieron que dar la cara (a algunos se la partieron), para mantener la ley y después, al Tribunal Supremo, al que se ha desautorizado vulnerando de esa manera el sagrado principio de la separación de poderes. A ello hay que unir un aspecto que es especialmente lesivo para el conjunto de los ciudadanos. Ya no somos iguales ante la ley.
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Los políticos han llevado a cabo un amaño para que los fugados no cumplan con sus responsabilidades penales a cambio de siete votos. Que nadie les confunda, porque esto se hace con ese fin. Nada de cuentos de convivencia. Es más, el principal partido beneficiado, Junts, no tardó ni media hora en sacar un vídeo para reírse de Pedro Sánchez y otros ministros que decían antes de las elecciones que no habría amnistía. Políticos amnistiando a políticos. Y a usted no se le ocurra no pagar una multa o pedir, por ejemplo, que se le devuelva el dinero pagado de más por las plusvalías cuando se vendía a pérdidas pese a que fueron declaradas inconstitucionales. Por eso resulta comprensible que cada vez haya más gente que diga públicamente en redes que va a intentar pagar los menos impuestos al Estado, o sea, que va a engañarlo pagando por ejemplo en B. Normal que algunos piensen que están haciendo el canelo para favorecer a esta panda.
El fin del sanchismo es instaurar el principio de que el poder reside en el Gobierno, del que emanan el resto de los poderes del Estado
Pero más allá de la amnistía, esta semana también ha resultado muy clarificadora para saber en qué se está convirtiendo este país. El 'caso Begoña' es la prueba de ello. Es simplemente inaudito que el ministro de Justicia diga públicamente que el juez tiene que archivar ya este asunto. Viva la independencia judicial. O que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se eche las manos a la cabeza porque están investigando a la «presidenta del Gobierno». Se entiende que le quiera hacer la pelota a su amo, que en boca de otro ministro sería su puto amo, pero darle categoría de presidenta del Gobierno parece un exceso. Por cierto, cada vez se están conociendo más detalles de la actividad de esta mujer, que debe de tener un mérito profesional excepcional dado los resultados que obtenía en su interés. Quien sabe si los aduladores la sitúan ya a las puertas de ganar un Nobel de Economía. Todo por la causa sanchista.
Pero lo más preocupante de todo es la actuación de la Fiscalía. Hasta cuatro fiscales han estado husmeando en el caso para que se cerrara. Es completamente inaudito además que un fiscal pida el archivo de una instrucción 24 horas después de que se notificara que se abría la misma. Vamos, que no tenían ni idea de lo que tenía el juez o de las pruebas que mandó practicar. También se saltó al juez para pedir a la Audiencia que acabara con lo que consideran un aquelarre contra Begoña Gómez y, por ende, su marido, el presidente del Gobierno. Se han quedado con las ganas y han quedado retratados. Seguramente esta actuación estaría dirigida por el fiscal general del Estado, Álvaro García, cuya permanencia en el cargo resulta milagrosa. Y es que la Fiscalía se rige, además de por el principio de jerarquía, por el principio de legalidad, y a este hombre ya le han tumbado dos nombramientos porque eran ilegales. Sí, el que debe velar por la legalidad de todo el mundo comete dos ilegalidades en apenas unos meses en el cargo. Lógicamente no lo van a destituir. ¿Pero de quién depende la Fiscalía, eh?, decía el amado/odiado líder socialista. Este caso debe servir para visualizar lo que supondría que los fiscales fueran los que dirigieran las instrucciones, en vez de los jueces, como plantea el Gobierno.
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Aunque la situación cada vez está peor, no hay que perder la esperanza, porque siguen quedando los jueces, que son los que van a plantear la posible ilegalidad de la amnistía y los que seguirán investigando a cualquier persona, con independencia de su estado civil y del nombre de su pareja. Sánchez todavía no ha conseguido maniatar a los magistrados para llevar a cabo su propósito, que no es otro que instaurar el principio de que la soberanía reside en el Gobierno, del que emanan todos los poderes públicos. Pura república bananera.
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