Del Código Penal de Belloch al del golpista Oriol Junqueras

Lo que ha ocurrido en Perú, con el presidente admirado por la vicepresidenta Yolanda Díaz que se ha dado un autogolpe de Estado, no tendría reproche penal en España. Ese es el nivel al que hemos llegado a la hora de defender la Constitución, que consagra la unidad del país. Pero Junqueras, que habla, más bien manda, en el Congreso de los Diputados a través de Gabriel Rufián, también va a atenuar el delito de malversación si el autor del mismo no se lleva la pasta a su casa. Este cambio le va a suponer un alivio a unos 40 cargos de la Generalitat que consumó la intentona golpista, entre ellos al huido Carles Puigdemont, y de camino también a va beneficiar a todos los corruptos políticos que han cometido este delito, entre ellos, a José Antonio Griñán, que vería atenuada su condena, porque en la sentencia no se probó que obtuviera lucro de los casi 700 millones que se malversaron en la Junta de Andalucía en el 'caso ERE'. O sea, que lo importante ahora no es que esquilmen las arcas públicas, sino que no se lleve un euro al bolsillo, que es el argumentario que machaconamente ha estado soltando el PSOE tras la condena del expresidente de la Junta para intentar lavar su imagen y presentarlo como un hombre honorable. Con este planteamiento es lógico pensar que los corruptos tiren de la figura de los testaferros y se abra el interrogante de qué pasará si el beneficiario de la chorizada es un partido político gracias a la gestión corrupta de un miembro del mismo. No hay nada menos democrática que legislar ad hoc, o sea, para beneficiar a una parte de la sociedad, en este caso, a los políticos. Ya no somos iguales ante la ley, porque aunque parezca increíble en una sociedad democrática como la española, se está cumpliendo el 'quien hace la ley hace la trampa'.

Esto va por muy mal camino. Y además no parece tener freno. Hay una ofensiva gubernamental para controlar a la Justicia. No le bastó con nombrar fiscal general a la exministra de Justicia y diputada del PSOE, Dolores Delgado. La última jugada consiste en cambiar la ley para que el Gobierno tenga las manos libres para colocar a sus dos candidatos en el Tribunal Constitucional toda vez que los jueces no están pasando por el aro. Uno es el exministro de Justicia Juan Carlos Campos y la otra una asesora de Moncloa, Laura Díez, que era la encargada de llevar los asuntos catalanes... Blanco y en botella. ¿Se puede ser más descarado? A tomar por saco la separación de poderes si hay que juzgar cuestiones políticas. Esto cada vez se parece más a una república bananera al servicio del líder. Y el partido tragando, pese a que de vez en cuando algún barón socialista levante la voz cara a la galería, porque después todos votan lo que diga Sánchez. O lo que es peor se obliga a algún díscolo, como le ocurrió al presidente de Aragón, Lambán, a humillarse en público para decir que lo que dijo el día anterior criticando al presidente del Gobierno no era lo que quería decir, que no tuvo un buen día. Un perdóname Señor (Sánchez), que no sabía lo que hacía. Lo peor de todo es que esta ristra de escándalos ya no inmuta a nadie, la sociedad parece estar acostumbrada, más bien adormecida, y nada le afecta, pese a la gravedad de lo acontecido.

Ya nada sorprende e incluso ya no genera incredulidad que sea el propio presidente del Gobierno quien bendiga e incluso presente junto al legislador Junqueras un referéndum para decidir el futuro de Cataluña. Y eso es precisamente lo preocupante...