Cándido Conde-Fruncido

Este pasado jueves, una sentencia del TC 6-4 avaló la conocida Ley de Amnistía perpetrada por la mayoría parlamentaria Frankenstein que sostiene al sanchismo. Una noticia que, por ser esperada, no es menos inquietante para los demócratas. El texto refleja el obligado paso de este tribunal de su papel como garante constitucional al de amanuense del legislador. Con una sumisión impropia de personas que deberían ejercer su responsabilidad con la libertad que les otorga la independencia propia de su función en una democracia. Prefieren la paz de la obediencia debida a la incomodidad del ejercicio de su responsabilidad. Pedro Sánchez, un día antes de los comicios del pasado 23-J, declaró que la amnistía con respecto a los políticos delincuentes catalanes «era injusta, inconstitucional, ilegal, irracional, no tiene cabida en la Constitución, jamás la acataría un gobierno democrático». El resto lo conocemos.

El presidente del TC 6-4 es el muñidor fruncido de una sentencia que puede abrir la puerta a un régimen jurídico excepcional, paralelo al marco constitucional común, dirigido a un conjunto selecto de privilegiados eximidos de cumplir la ley, como los golpistas catalanes en este caso. Nos ha regalado, como sentencia, el descosido y la arruga sin belleza. Ha revestido de formalidad jurídica un descarado pacto de impunidad a cambio de poder. Somos muchos los que entendemos que la Ley de Amnistía no buscaba la restauración de la convivencia en Cataluña, sino obtener a cualquier precio el apoyo de Junts para investir a Pedro Sánchez. En Europa deberán decidir si esta ley promulgada en España es una autoamnistía en toda regla. Quienes la votaron en el Congreso sólo perseguían exonerar de responsabilidad a sus correligionarios. Su propósito: borrar y olvidar sus delitos. Esta sentencia arropa decisiones políticas propias de sociedades donde la separación de poderes se ha quebrado gravemente, poniendo en peligro derechos y libertades individuales y quebrantando el principio de igualdad ante la ley. Así lo han afirmado multitud de juristas con distintas sensibilidades.

Cándido Conde-Fruncido representa el agotamiento del discurso constitucional en manos del sanchismo. Prefiere el susurro sumiso al rugido de la independencia. En su toga embarrada no hay espacio para la dignidad rebelde que exige el Estado de Derecho, sino lugar para el silencio cómodo que, bajo la apariencia de rigor, deslegitima la necesaria separación de poderes. Una justicia fruncida no es justicia, es coartada.