El fruto del árbol envenenado

«Al amigo el culo, al enemigo por culo y al indiferente, la legislación vigente». Este grosero (por el fondo y por la forma) «manual de actuación administrativa» es el que regía de facto en el franquismo (y en cualquier dictadura) y el que daba carta de naturaleza al nepotismo más indecente ante el que cedían los teóricos controles, diluidos por el todopoderoso argumento de «usted no sabe con quien está hablando». La Constitución y el sistema democrático han enterrado tan infumable proceder aunque siempre exista algún nostálgico que pretende volver a las andadas. Junto a la soberanía nacional, el sistema de derechos y la separación de poderes, constituyen el sometimiento de todos (poderes públicos y ciudadanos) a las leyes y la seguridad jurídica que de ello deriva (art. 9 de la CE) y la igualdad de todos en la ley y en la aplicación de la ley (art. 14 de la CE), los pilares básicos para hacer reconocible un Estado de Derecho que se precie de tal nombre. Huir como de la peste de las soluciones singulares frente a la generalidad propia de las normas es el mejor antídoto frente a las soluciones a la carta de los que se creen por encima de todo y de todos.

La legalidad urbanística que pretende garantizar reglas racionales en el proceso de urbanización y edificación o la elemental exigencia de que cualquier proceso de concurso para la cesión de bienes y servicios públicos garanticen la igualdad de oportunidades, no son diques frente al progreso económico y la inversión; al contrario, son la prueba del algodón de que la solución que se adopte, guste más o menos, no está infectada por el favoritismo ni la ruina de los intereses público. Existe en derecho procesal una teoría denominada «los frutos del árbol envenenado», que en resumen, invalida para los restos las pruebas obtenidas de manera ilícita. El alcalde y su equipo de gobierno del PP en Málaga han generado con su disparatada gestión del edificio Astoria un árbol envenenado y han dado su fruto a nuestro admirado paisano Antonio Banderas. Y todo ha estallado porque nada bueno puede salir de tal cúmulo de despropósitos (dilapidar 21 millones de euros por calificaciones y recalificaciones urbanísticas irresponsables, declaraciones del alcalde poniendo bajo sospecha la adjudicación ya que daba por hecho que sería para el ganador del concurso de ideas, admisión de posibles exenciones en el canon a pagar y el proyecto del actor que incumple el planeamiento y se califica como cultural cuando ese destino es un porcentaje modesto del global). Presentar como los malos de la película a los grupos políticos, periodistas y ciudadanos que han denunciado la nefasta gestión de este asunto es injusto. Hablar de humillación e insultos no deja de ser un victimismo impropio de alguien de la calidad humana y profesional de Antonio Banderas. Y la rancia acusación por algunos de envidia o ingratitud no tiene nombre.