Empleados públicos

Son trabajadores, en cualquier caso, de los que se han de valer las administraciones para materializar el cumplimiento de sus funciones y realizar los fines que le son inherentes, aunque a veces se tienda a desvirtuar el cometido que se les ha asignado.

Es el caso del alcalde de Ojén, que tal vez soñó que podría hacer uso de ese valioso capital humano y utilizarlo para intereses distintos al encomendado pero hete aquí que la Justicia ha venido a pararle los pies y ha citado como imputado a un José Antonio Gómez. Se le atribuye haber conminado, supuestamente, a agentes de la Policía Local de su municipio, a repartir publicidad institucional de corte, presuntamente, partidista. Será su defensa, costeada por obra y gracia del acusado vía erario público, la que rebata ante un Juzgado de la vecina Marbella el delito que se le atribuye.

El partido al que representa, el PSOE, se dice no obstante garante del empleo público y se arroga el reto de «dignificar» a una bolsa de trabajadores que ha vivido a su juicio poco menos que bajo el yugo de gobiernos populares a los que acusan de engrosar al segmento de eventuales.

Desaparecerán de la faz de la tierra, al menos en la Diputación y tendrán una presencia testimonial según prometen los socialistas, que reducen a quince los actuales 51 cargos de confianza que tiene el ente supramunicipal. Son por cierto muchos menos de los que 'heredó' el actual organismo, a tenor de los cerca de 800 teléfonos móviles, y otros dispositivos que le fueron confiados para el ejercicio de su función y de los que nunca más se supo.

Empleados públicos, en definitiva, sobre quienes va a recaer buena parte de las promesas que de aquí a tres semanas y dos días garantizarán los miembros de la clase política aunque tal vez nunca más volvamos a saber de ellas.