¿Por qué tanta reforma?

Una medida que se ha topado con el rechazo frontal de comunidades autónomas como la andaluza, que no ha tardado en posicionarse junto a los rectores de las universidades españolas para decir no a la norma y dar luz verde a la aplicación de una moratoria en la puesta en marcha de esa reforma universitaria, que para eso estaba esa posibilidad sobre la mesa.

Porque los cambios no sólo hay que digerirlos, sino también comprenderlos. Y en esta ocasión que nos ocupa poco se ha explicado qué pasará en un futuro inmediato a partir de esa nueva regulación que para muchos no es sino un intento por parte del Gobierno del Partido Popular por encarecer los estudios para, en definitiva, privatizar la enseñanza universitaria en detrimento del actual modelo público de universidades.

Más allá de la crítica fácil y recurrente, dicho sea de paso que no es en modo alguno incompatible ese modelo público con el modelo privado, de reconocido prestigio y trayectoria no sólo en países como Estados Unidos o el propio mundo anglosajón, sino también en nuestro territorio donde la universidad estatal convive desde tiempos inmemoriales en perfecta sintonía con otras universidades señeras como San Pablo-CEU, Europea de Madrid, Alfonso X, Ramón Llul o Navarra, entre otras muchas repartidas por toda la geografía española.

Sea como fuere, en los cuatro últimos decenios se han aprobado en este país un total de 12 leyes orgánicas en la materia, cifra que hace pensar que tal vez en ninguno de los casos planteados por el Gobierno de turno el proyecto se haya elaborado con vocación alguna de perpetuarse en el tiempo. Y, lo que es peor aún, se han efectuado cambios normativos a las puertas de convocatorias electorales que acarrean posibilidades como que la disposición en liza no sólo sea derogada de forma prácticamente inmediata, sino que en algunos casos no llegue siquiera a poder aplicarse.