«La prestación universal por crianza se puede crear sin Presupuestos»

-Cumple dos años al frente del Ministerio. ¿Cuáles considera sus principales logros?

-Pues la ampliación de permisos de cuidados, la adopción del embargo militar a Israel, la inyección extraordinaria de 500 millones de euros al sistema de la Dependencia para garantizar también el desarrollo de la Ley ELA, la sanción histórica a las aerolíneas de 179 millones de euros por abusos, la retirada de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, el programa de las tarjetas monedero, con 75.000 familias que hacen la compra en el supermercado en lugar de recibir bolsas de alimentos, la primera reforma social de la Constitución... Afortunadamente, es una lista larga.

-El bloqueo anunciado por Junts a cualquier ley que vaya al Congreso amenaza varios de sus proyectos, como la Ley de Servicio de Atención a la Clientela que se vota este jueves y que pretende, entre otras cosas, acabar con el 'spam' telefónico. ¿Nos vamos haciendo a la idea de seguir recibiendo llamadas indeseadas?

-Bueno, yo estoy convencido de que no, de que esta ley va a ser aprobada y que las muchas mejoras que supondrá para la vida de los consumidores, incluido el fin del suplicio de las llamadas 'spam', verán la luz muy pronto. Además, es una ley que supone un cambio de paradigma en las políticas de consumo y defensa de los derechos de los consumidores, con cosas como el derecho a ser atendido en una reclamación telefónica en menos de tres minutos, acabar con la espera interminable de la musiquita, el derecho a que te atienda una persona formada y no un robot o un mecanismo de inteligencia artificial; el plazo máximo de 15 días para solucionar cualquier reclamación que se haga ante una gran empresa y medidas para que el precio final de un producto tenga que aparecer desde la primera pantalla y no te vayan añadiendo gastos de gestión y cosas para que acabes pagando mucho más.

-Hacía referencia antes al real decreto ELA, que también irá al Congreso este mes. Volvemos a lo de Junts. ¿Está en peligro su aprobación?

-Igual que en el caso anterior, creo que, igual que sucedió con la aprobación de la Ley ELA, prevalecerá el interés general. Este no es un decreto ley del Gobierno o de mi Ministerio, es un decreto ley que va, por fin, a materializar la asistencia 24 horas a las personas enfermas de ELA y que además inyecta 500 millones de euros en el sistema de la Dependencia. No hay ninguna razón para votar en contra.

-El tiempo de espera para acceder al Sistema de Atención a la Dependencia en la Región de Murcia es ya el más alto de España. Desde el Gobierno regional reclaman que el Estado asuma el 50% del coste del sistema. Llegar paulatinamente a esta cifra fue parte del acuerdo entre Sumar y el PSOE, sin embargo, seguimos en cerca del 25%. ¿Lo cumplirán?

-Yo mantengo el compromiso y la determinación total. De hecho, este decreto ley representa una inyección extraordinaria de 500 millones de euros. Y he de decir dos cosas. La financiación por parte de la Administración General del Estado ha aumentado un 150% desde el año 2020. En el caso de la Región de Murcia, hemos duplicado los fondos que recibía cuando gobernaba el Partido Popular. Hace falta más financiación y hace falta un modelo mejor: las dos cosas. Para eso tenemos una ley en el Congreso ahora mismo de reforma del Sistema de la Dependencia que creo que cuenta con un amplísimo respaldo. Y es verdad que los datos de la Región de Murcia no son buenos, ni en listas de espera ni en tiempo de espera. El problema de la financiación es general: viene de los recortes, de 5.406 millones de euros en recortes en la década de la austeridad del gobierno del Partido Popular. Ahora, como digo, estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes y mantenemos el compromiso de multiplicar la financiación, pero hay también una cuestión de gestión en la Región de Murcia y hay que decir que los datos en otras comunidades autónomas son mejores.

-La Región de Murcia tiene la mayor tasa de pobreza infantil, pero el problema es generalizado en el país, muy alejado de la media europea ¿Usted defiende que la prestación universal por crianza es parte de la solución? ¿Veremos salir adelante esta medida en esta legislatura?

-Yo desde luego voy a poner todo mi empeño en que así sea, porque es inaceptable que la cuarta economía de la zona euro y un país rico tenga las tasas de pobreza y de exclusión social entre niños y niñas que tiene. Y no es una idea extemporánea, es algo que existe en 17 países europeos que tienen en común que sus tasas de pobreza infantil son la mitad de la que tiene España. Es eficaz, funciona. Llega a todas partes sin burocracia, inmediatamente. Llega a quienes más lo necesitan, a quienes están excluidos o en situación de pobreza y empuja a la justicia fiscal. A veces se dice: 'Si es universal, se le está dando a alguien que no la necesita'. Bueno, las familias que no la necesiten van a devolver esa ayuda en la declaración de la renta y van a contribuir a financiar las de los que sí la necesitan. El beneficio fiscal que tenemos ahora por hijo a cargo en el IRPF hace que esas ayudas lleguen de manera indiscriminada a todas las clases medias y altas que hacen la declaración de la renta, pero no a quien no tributa porque no alcanza el umbral mínimo de ingresos. El sistema que tenemos ahora es doblemente injusto. Creo que sería una medida transformadora y que cuando la adoptemos, llegará el día en que miremos atrás y nos llevemos las manos a la cabeza por haber consentido durante tanto tiempo que haya tantos niños y niñas que crezcan en desigualdad de condiciones y de oportunidades.

-Un informe de la AIReF advertía recientemente de que el Ingreso Mínimo Vital no ha llegado a más de la mitad de las familias de la Región que podrían cobrarlo. En junio aprobaron cambios, ¿cuándo se podrán ver los resultados?

-Creo que se están viendo ya, en el sentido de que la cobertura del ingreso mínimo vital y del CAPI, el Complemento de Ayuda Para la Infancia, que incluye está mejorando de manera significativa, llega a cada vez más familias, pero es verdad que el despegue del Ingreso Mínimo Vital ha sido difícil por la complejidad burocrática que ha entrañado. Por eso yo soy un gran defensor de la universalidad de las prestaciones, de que estas establezcan un mínimo de protección social para toda la ciudadanía y que luego la compensación se haga por vía fiscal. Y creo que la prestación universal por crianza puede ser un primer paso hacia un modelo que sea más eficaz, con menos cargas y trabas burocráticas y, también, menos estigmatizante, porque estos procesos muchas veces también disuaden a quien podría pedirlos porque suponen cierto estigma social.

-¿Y se puede sacar adelante sin Presupuestos?

-Yo creo que sí, porque la implementación puede ser gradual y se puede hacer incluso con pequeños ajustes de los mecanismos de Política Social que ya hay en marcha. Por ejemplo, el complemento de ayuda a la infancia, que es una buena prestación, puede servir como pasarela. Tenemos ya una deducción fiscal por maternidad entre los 0 y los 3 años que es prácticamente universal, alcanzando hasta un 90% de las madres; universalizarla y luego garantizar una pasarela más o menos automática hacia el complemento de ayuda a la infancia es algo que podría hacerse de una manera relativamente sencilla y que creo que mejoraría mucho la eficacia de nuestras transferencias sociales para luchar contra la pobreza.

-Uno de los grandes factores de exclusión es la vivienda. Recientemente han iniciado un expediente a la inmobiliaria Alquiler Seguro con una propuesta de sanción de 3,6 millones por prácticas abusivas contra los inquilinos. ¿Qué hábitos ven en el sector que les generen más preocupación?

-Yo no puedo pronunciarme sobre un expediente en curso, pero sí puedo decir que el otro día presentamos un informe que ha realizado el Observatorio Desca que recoge muchas de las prácticas abusivas. Por ejemplo, obligar a suscribir servicios no deseados como seguros de impago, alarmas; trasladar parte del pago de impuestos como el IBI o el impuesto de basuras a los inquilinos; o camuflar el pago de honorarios a la agencia, que está prohibido por la ley de vivienda. Son prácticas abusivas e ilegales. Y por supuesto, siempre que el Ministerio pueda demostrar la existencia de estas prácticas, vamos a actuar con total severidad para sancionarlas.

-También mantiene un frente abierto con las aerolíneas. Ryanair ha llegado a vestirle de payaso y el mes pasado vimos que la Comisión Europea abría un expediente a España para estudiar si las normas nacionales cercenan la libertad de la aerolínea para fijar precios en el equipaje de mano. ¿Cómo piensa que se va a resolver?

-Pues en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde luego España no va a ceder un milímetro. Antes me refería a choques de intereses en política, y este es un caso evidente donde chocan los intereses de los consumidores, que tienen por ley el derecho a viajar con una maleta, como recoge la ley española y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y del otro lado, los intereses de un puñado de grandes multinacionales que han encontrado una manera muy lucrativa de expandir su negocio, que es cobrarte cada vez por más cosas, incluida la maleta de mano o seleccionar el asiento para viajar al lado de tus hijos, o de la persona que te presta apoyo si eres dependiente. Esto es ilegal. Les hemos sancionado y ellos han insultado, han amenazado y han conseguido que la Comisión Europea se ponga de su lado. El Parlamento Europeo está del nuestro, y asociaciones de consumidores en 13 países han empezado acciones legales para seguir el ejemplo de España. Esto va a ir a la justicia europea y yo lo voy a defender hasta las últimas consecuencias.

-Otro de los asuntos que afectan diariamente a un gran número de consumidores son los precios dinámicos. Una persona paga por un bien o servicio un precio, y la de al lado, buscando lo mismo, obtiene otro. ¿A esto se puede poner coto?

-Sí, lo primero, que es lo que estamos intentando incluir en la Ley de Consumo Sostenible, es la obligatoriedad de transparencia de los algoritmos. Si a uno le están poniendo un precio en función de información que esa compañía tiene y ha obtenido no se sabe muy bien cómo, que sepamos por qué, por lo menos. Cuáles son los factores que hacen que ese sea el precio que te están ofertando, porque en la opacidad no solo se pueden dar situaciones abusivas o injustas, sino abiertamente discriminatorias.

-¿Cómo vive las causas e investigaciones por corrupción en personas de la cúpula del PSOE y el círculo cercano al presidente?

-Exigimos desde el primer momento transparencia absoluta y, por supuesto, que se asuman todas las responsabilidades necesarias. Y esto es perfectamente compatible con denunciar la utilización instrumental de causas, y todos hemos visto en los últimos días algunas de ellas, que están fabricadas artificialmente para producir daño político al Gobierno. Las dos cosas son compatibles: transparencia absoluta, que caiga quien tenga que caer ante cualquier sospecha probada de un comportamiento impropio en la esfera pública y, al mismo tiempo, denunciar que en España se está normalizando la utilización de la Justicia como herramienta política. Y lo dice alguien que lo ha vivido en la última década. Son decenas de querellas archivadas contra Podemos, contra Ada Colau, contra Mónica Oltra... Es un escándalo que el Partido Popular destinara recursos públicos para perseguir a sus adversarios políticos.

-Su Ministerio ha presentado una propuesta para intervenir en el mercado de la vivienda. ¿Cuál es el elemento que considera la prioridad número uno para revertir la situación actual?

-El más urgente es la prórroga de los contratos de alquiler que van a vencer en los próximos meses. Hay hasta 300.000 próximos a su vencimiento, que además se suscribieron justo después de la pandemia, en un momento en el que los precios estaban mucho más bajos, y eso quiere decir que hay 300.000 familias en España que viven con ansiedad o incertidumbre respecto a qué va a pasar cuando tengan que renegociar ese contrato y puedan encontrarse con una subida de un 30%, un 40% o un 50%. Lo que planteamos es algo que ya se hizo durante la pandemia y la guerra de Ucrania, y es algo que en las comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas no pasa, porque ya gozan de esta protección, pero la inacción de los gobiernos del PP y su negativa rotunda a aplicar la Ley de Vivienda, está poniendo en riesgo a cientos de miles de compatriotas.

-¿Se puede arreglar un problema como este con esa disparidad de criterios entre Estado y comunidades gobernadas por el PP, sin un consenso nacional?

-Considero que lo que está sucediendo no se debe a diferencias ideológicas, es un choque de intereses. Si el señor Feijóo quisiera, mañana bajarían los precios de los alquileres allí donde gobierna el Partido Popular. Si el PP no quiere aplicarlo, no es por diferencias de modelo, es porque está defendiendo activamente los intereses de rentistas, grandes fondos de inversión, grandes inmobiliarias sin escrúpulos y grandes tenedores de vivienda que se están lucrando de forma extraordinaria a costa de las familias trabajadoras. Y eso está haciendo que el 40% de las familias que viven de alquiler en España destine casi la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda. Ante esa inacción del PP, la obligación del Estado es proteger a las familias y creo que se puede hacer. Es lo que hemos planteado, por ejemplo, mediante la prórroga de alquileres, prohibiendo las compras de una vivienda si no es para residir en ella o para ponerla en alquiler a un precio asequible. Son maneras de intervenir para defender los intereses de la mayoría social.