El juez del Supremo contesta a Cerdán que es «evidente» que no investiga a otros aforados

Del mismo modo, el instructor considera «inútil» para el esclarecimiento de los hechos no solo las declaraciones de estos guardias civiles, entre ellos el jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación policial, sino del comandante del mismo cuerpo Rubén Villalba, su superior jerárquico o los funcionarios que hubieran trabajado bajo sus órdenes en el Servicio de Información de la Guardia Civil.

La defensa de Cerdán consideró que, según se desprende de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el 'caso Koldo', Villalba fue el encargado de entregar teléfonos móviles seguros al que fuera asesor ministerial de Ábalos y al presunto «conseguidor» de la trama, el empresario Víctor de Aldama, quienes serían colaboradores de la Guardia Civil. Unas terminales, sobre todo en el primer caso, que estarían detrás de las grabaciones subrepticias que se hicieron tanto a Ábalos como a Cerdán, entre otros, y que sirvieron para imputar y mandar a prisión al que fuera número tres del PSOE por riesgo de destrucción de pruebas.

Pese a ello, el juez tampoco ha accedido a citar al comandante para aclarar el extremo de los teléfonos móviles, pese a que está imputado en el procedimiento que se sigue en un juzgado de la Audiencia Nacional por colaborar presuntamente con la trama. Descarta así la prueba de contradicción habitual en el proceso penal para analizar estos hechos.

Pero el asunto más relevante del auto del juez Puente desde el punto de vista político tiene que ver con los aforados. La defensa reclamó saber si la UCO estaba investigando a otros diputados o senadores en el 'caso Cerdán' a partir de la interpretación que hizo el instructor en un auto de febrero pasado. Y éste responde ahora que entonces interesó conocer si las incriminaciones que hizo Aldama en sede judicial eran veraces, es decir, si mantuvo conversaciones por teléfono con el actual ministro Ángel Víctor Torres o con algún subordinado suyo, con el citado Santos Cerdán o con cualquier otro aforado.

«Es evidente que lo dispuesto no comporta la existencia de investigación alguna respecto de personas aforadas (...), ya que se requiere para ello la autorización previa de la Cámara respectiva. En todo caso, no se podría investigar sin la existencia de previos indicios mínimamente sólidos», alega el magistrado, que recuerda que hasta la fecha solo un aforado, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está siendo investigado y que tampoco se ha encargado a la UCO ninguna diligencia con respecto a algún otro diputado o senador.

Del mismo modo, la resolución anticipa que están pendientes varios informes policiales que serán relevantes para la causa: el documento patrimonial del propio Cerdán, una pericial sobre la autenticidad de los audios hallados en el registro de la vivienda de Koldo García o el citado informe sobre las conversaciones de Aldama con otros aforados. Sobre las grabaciones que incrimina al exdirigente socialista, el instructor reitera que es una hipótesis «harto probable» que fuera el exasesor de Ábalos el autor de las mismas o bien que tendría, al menos, conocimiento cabal de su contenido.