Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:16

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, ... Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en verano de 2018. Pese a que el Tribunal Supremo descartó por falta de indicios abrir una causa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por estos mismos hechos cuando trabajaba en Moncloa (era secretaria general) después de que Peinado remitiera una exposición razonada contra él, el magistrado no da su brazo a torcer y ha citado a declarar a las dos imputadas.

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En un auto de cinco páginas al que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha fijado la declaración de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo por otras líneas de investigación de la causa. Aunque Peinado ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Cristina Álvarez como asesora, de momento no había imputado dicho delito a Begoña Gómez.

El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre a las 11.00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio. Por estos mismo hechos ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, el pasado mayo porque tiene recurrida su imputación ante la Audiencia Provincial.

En su auto, el juez hace una mención a la decisión de la Sala Segunda del Supremo rechazar los indicios acumulados por estos mismos hechos contra Bolaños. Pese a que es público y notorio la decisión tomada por los magistrados del alto tribunal hace solo un mes, incluso fue publicada por el portal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que se destaca la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud", Peinado reprocha que de momento no ha recibido copia de esta resolución por parte del Supremo. Incluso, comunica que se ha enterado por una comunicación remitida a su juzgado en el ámbito de unas diligencias informativas por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que es el responsable de controlar la actuación de jueces y magistrados o dar trámite a las quejas o denuncias contra ellos en el ejercicio de sus funciones.

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Para justificar ahora la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez se ampara en un extracto de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre estos hechos y que el Código Penal (artículo 24.2) habilitaría que ambas sean consideradas funcionarias públicas a efectos penales. En concreto, asegura que esta atribución se produce por el desempeño privado en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense (ente público) que la primera dirigió.

Aval de los magistrados

Del mismo modo, Peinado recuerda el aval de sus superiores: "Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa (entre ambas) siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento", apuntaron los magistrados. Ello "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno". Esta literalidad ha servido ahora a Peinado para citar a Gómez y a su asesora Álvarez.

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En todo caso, la decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.

En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal.

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