La justicia investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje a los socios independentistas del Gobierno

Ambos fueron nombrados y cesados por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior también durante los meses en que supuestamente tuvieron lugar los episodios denunciados, cuando presuntamente la Guardia Civil hizo uso de Pegasus para espiar a personas vinculadas a Tsunami Democràtic, la plataforma que estuvo detrás de los graves disturbios de orden de público en Cataluña en otoño de 2019 a raíz de la publicación de la sentencia del procés en la que fueron condenados a penas de prisión los principales líderes de la intentona secesionista de octubre de 2017.

La demanda por delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos también se dirige contra Paz Esteban, quien dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que fue fulminada en mayo de 2022 precisamente por el escándalo del espionaje a los independentista y que ya está imputada por estos mismos hechos en otras cuatro causas. La acción judicial igualmente es contra responsables de la empresa israelí NSO que comercializa el malware Pegasus (Shalev Hulio y Omri Lavie) y de Saito Tech (Isaac Zack).

Los querellantes y presuntamente espiados que firman esta demanda presentada el pasado 30 de abril, además de Matamala, son los empresarios tecnológicos del colectivo Sentinel Joan Arús, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.

La demanda ahora aceptada por primera vez reclama que se investigue el uso de Candiru, un software muy parecido a Pegasus y del que el Gobierno español jamás ha admitido su adquisición, aunque en diversos informes forenses aparece su rastro en las infecciones de teléfonos vinculados a militantes de Tsunami.

Ahora, tras la aceptación de la demanda la juez debe decidir si acepta las diligencias que han solicitado los querellantes, empezando por la petición de que se desclasifique toda la documentación sobre el uso de Pegasus y Candiru, incluyendo las autorizaciones judiciales, costes e informes que se generaron de aquellas operaciones.

Igualmente, entre las primeras diligencias reclamadas por los querellantes están las imputaciones de Azón, Gámez y los directivos de NSO y de Saito para ser llamados a declarar como investigados.

También han solicitado pruebas periciales de los Mossos d'Esquadra sobre los móviles de los querellantes para certificar las infecciones de los dispositivos o la declaración de los expertos de Citizen Lab y Amnistía Internacional que documentaron inicialmente el caso Catalangate sobre el espionaje al independentismo durante los disturbios de 2019.