La Fiscalía pide un máximo de 20 años efectivos de prisión a Junqueras

En concreto, solicita la aplicación para todos ellos del artículo 36.2 del Código Penal. Esto supone que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. Asimismo, cuando la duración de la pena sea superior a cinco años, ecomo es el caso, el tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario (régimen de semilibertad) no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

Esta circunstancia supone que Junqueras, para quien la Fiscalía mantiene 25 años de cárcel por un delito de rebelión, pasaría en caso de ser condenado un máximo de 20 años efectivos en la cárcel y el tribunal podrá clasificarlo en tercer grado a los diez años.

Para el resto de acusados por rebelión y/o malversación de caudales públicos se mantiene la solicitud de la pena: 17 años de prisión para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y 16 años para Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

Según el escrito de la Fiscalía, «los acusados dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia –a la que denominaron 'procés'- perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola así del Reino de España».

El Ministerio Público sigue implicando en su escrito a todos los que se sientan en el banquillo. «La estrategia diseñada se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria (JUNTS PEL SI y CUP), y de las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana-ANC, Omnium Cultural-OC y Asociación de Municipios por la Independencia-AMI)«, apunta literalmente el escrito.

Según el escrito de la Fiscalía, «el plan que habían urdido (los doce acusados) consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional».