El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

Ha negado que las pruebas hayan podido ser manipuladas, descartando la intervención y maniobras del excomisario José Manuel Villarejo y de la «policía patriótica» en las pesquisas, y ha asegurado que la actuación de la Udef de la Policía Nacional se ha realizado en todo momento «bajo autoridad judicial». «Lo que no consta no se conoce», ha asegurado sobre la rumorología en torno al caso y ha rechazado que se produjera una «investigación prospectiva». «Aquí hay indicios concretos», ha rebatido a las defensas, que pedían la nulidad de la investigación y el archivo de la causa.

La investigación, ha señalado, arranca en 2012 a raíz de una declaración policial de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que relató a la Policía los viajes que hacía su expareja a Andorra cargado con bolsas llenas de dinero. «Nadie la obliga a declarar», ha afirmado. Y «nadie obligó al señor Pujol» cuando en 2014 confesó que había tenido una fortuna oculta al fisco durante años. Y frente a quienes sostienen que Álvarez no declaró de forma voluntaria, les ha retado a que los «prueben aquí». En alguna ocasión, el excomisario Villarejo ha apuntado que cobró de los fondos reservados del Estado por aquella declaración. Bermejo ha celebrado que el tribunal no haya incluido como testigos a Villarejo o a Eugenio Pino, a los que se vincula con la policía patriótica.

El Ministerio Público ha citado, como resumen de lo que estaba criticando de las defensas, una parte de la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'. «Cuando para el análisis de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales se arranca de un presupuesto contextualizador que lo explicaría todo, se está incurriendo en un error», ha citado del fallo del Supremo sobre el 'procés' de 2019. «Se nubla el análisis y se convierten las legítimas actuaciones del Estado en actos represivos llamados a subyugar a un pueblo», según ha recordado de la sentencia.

El fiscal ha rechazado también que algunos de los delitos hayan prescrito como han defendido los letrados de los acusados. «Se ha blanqueado desde 1992 hasta 2011», ha asegurado. «Hay un circuito de fondos opacos», ha mantenido. Y además, se ha opuesto a la tesis de las defensas, que señalan que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar la causa. Tras el fiscal, ha intervenido el abogado del Estado, poniendo fin a la fase de las cuestiones previas. El juicio se reanudará el próximo 10 de diciembre, ya con las primeras declaraciones de testigos.