El detenido por la filtración de datos de Sánchez asegura que también hackeó a Broncano, Évole o Griso

El investigado accedió de forma ilícita a bases de datos desde las que obtuvo información confidencial que posteriormente publicó, por entregas, en canales públicos de internet. Entre las víctimas se encuentran el presidente del Gobierno, varios ministros, líderes parlamentarios, diputados autonómicos y antiguos altos cargos. Pero no solo cargos institucionales: también se vieron afectados periodistas como David Broncano, Jordi Évole, Jesús Cintora y Susanna Griso, entre otros, cuyas identidades, domicilios, DNI y números de teléfono fueron difundidos sin autorización, acompañados de mensajes intimidatorios.

Personas como Susanna Griso sufrieron «llamadas continuas, incluso día y noche, a menudo con insultos o amenazas», recoge el auto.

El auto judicial recoge que el joven llegó a amenazar directamente a algunas de sus víctimas. En el caso del periodista Manuel Castaño, una llamada telefónica atribuida al propio 'Akkaspace' le exigía una entrevista en la que debía justificar y publicar sus acciones, bajo la advertencia de colocar una bomba si no accedía. A otros afectados se les amenazó con la publicación de información sobre familiares, y se difundieron imágenes con frases como «a cada cerdo le llega su San Martín» junto a símbolos de fuego o mirillas telescópicas.

El patrón se repitió en todas las filtraciones. Ortega accedía presuntamente a las bases de datos mediante herramientas de hackeo, obtenía información sensible de personalidades públicas y procedía a su publicación en plataformas como Doxbin y canales de Telegram. En esos mismos espacios, además, ofrecía en venta la herramienta con la que aseguraba haber accedido a los datos, cobrando en bitcoins a través de un monedero alojado en Binance a nombre de un segundo investigado. En sus intervenciones públicas, Ortega justificaba sus actos como una forma de «escarmiento» por la corrupción política y se describía como parte de un grupo llamado «etarras digitales», aunque insistía en actuar en solitario.

Los informes policiales recogen una lista detallada de personas afectadas. Además de Sánchez y varios miembros del Gobierno, figuran periodistas, escritores, analistas políticos y presentadores de televisión. Entre los afectados también hay activistas de redes sociales, afiliados de partidos políticos como Podemos, y usuarios anónimos de la red social X (antes Twitter). La última publicación atribuida a Akkaspace incluye más de 3.000 credenciales de acceso al portal de afiliados de dicha formación.

El juez instructor considera que los hechos pueden encuadrarse en los delitos de terrorismo de baja intensidad cuando se emplean medios informáticos para coaccionar, desestabilizar o alterar gravemente la paz pública. El auto subraya que la finalidad era «entorpecer la labor institucional y la vida pública», así como obligar a representantes políticos y sociales a «renunciar o dificultar» su actividad. Añade que muchas víctimas han sufrido llamadas constantes, amenazas, insultos y acoso coordinado, lo que ha derivado en situaciones de inseguridad y riesgo.

Pese a todo, y tras escuchar al Ministerio Fiscal y al propio investigado, el magistrado acordó dejarlo en libertad provisional. Se le impone la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, la designación de un domicilio y un teléfono de contacto, así como la prohibición de comunicarse con otros investigados. Se le advierte de que cualquier incumplimiento podrá suponer su ingreso en prisión. La resolución puede ser recurrida.

La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional, donde se investigan también posibles accesos a bases de datos de organismos públicos y la participación de terceros en la difusión del contenido filtrado.