En libertad los 'hackers' detenidos por filtrar datos de Pedro Sánchez, políticos y periodistas
La Audiencia Nacional investiga a Yoel O. Q. y a Cristian Ezequiel S.M. por terrorismo | Tienen que comparecer dos días al mes en sede judicial
Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 3 de julio 2025, 16:58
El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, ha dictaminado la libertad provisional para Yoel O. Q., el supuesto 'hacker' que fue detenido este martes ... en Arinaga (Gran Canaria) por haber difundido datos personales de Pedro Sánchez, otros políticos, empresarios y periodistas. Este joven está siendo investigado por un presunto delito de terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilización, coacción a las instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad institucional como políticos y periodistas. Por el momento, solo tiene que comparecer dos veces al mes ante el juez y no puede comunicarse ni acercarse con el otro investigado.
En cuanto a Cristian Ezequiel S.M., el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional decretó también su libertad provisional con la obligación de firmar en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. Según recomendación de su abogado Lázaro Chico, se acogió a su derecho a no declarar y, en cualquier caso, lo hará próximamente cuando se conozca el contenido de las actuaciones.
En ambos investigados, la Fiscalía no interesó su ingreso en prisión después de que Yoel sí accediese a declarar. El principal investigado reconoció algunos aspectos de la investigación y aseguró que los datos publicados (domicilio, número de DNI o correo electrónico de las personalidades afectadas) procedían de fuentes públicas.
Estos presuntos 'hackers' estaban siendo investigados que desde que se produjo la primera filtración de datos hace dos semanas. Yoel O. Q. sería responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno, según informó la Policía Nacional, y actuó «valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles», mientras que el segundo arrestado se encargaba, presuntamente, de monetizar la venta, según publica Canarias7.
Las actividades delictivas de los detenidos incluían el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores, en una segunda operación en la que –presuntamente– habría tomado parte Cristian Ezequiel S.M.
La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación el pasado 19 de junio tras conocer una primera publicación de datos, y dos semanas después ha logrado detener a los presuntos responsables, cuyos domicilios fueron registrados, y en los que fueron intervenidos numerosos efectos y soportes técnicos para su análisis.
Esa primera filtración en un canal de Telegram con 92.000 seguidores afectó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En el mismo listado fueron publicados datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.
En una segunda filtración la semana pasada se publicaron de nuevos datos personales de ministros; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de implicados en el caso Koldo, y también de periodistas.
Entre estos nuevos afectados figuraban el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el caso Koldo.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos y, además, alardeaban de su capacidad para venderlos, a la vez que lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, «con el consiguiente peligro para la seguridad nacional», según la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.
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