El Congreso tumba el decreto que forzaba a prestar al Estado los ahorros municipales

Este resultado supone la primera derrota parlamentaria del Gobierno en la actual legislatura y es una seria advertencia a Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la antesala de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero más allá de las lecturas políticas, la derogación del decreto-ley deja inmovilizado en cuentas bancarias con intereses negativos todo el ahorro municipal en un momento en el que los ayuntamientos están más necesitados que nunca. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 y aún en vigor, impide a los entidades locales utilizar su superávit salvo para cuestiones muy limitadas, como la amortización de deuda. La ministra Montero dijo en su intervención en el hemiciclo que no habrá una segunda propuesta, posición que ratificó poco después, una vez consumada la derrota en el Congreso.

El fracaso parlamentario de Montero estaba anunciado desde que la pasada semana alcaldes de 31 ciudades españolas pertenecientes a todo el arco político, desde el PP a Podemos pasando por las fuerzas nacionalistas, firmaran un manifiesto conjunto contra el decreto, producto de un acuerdo de la ministra de Hacienda con la mayoría socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Con ese antecedente, Montero llegó a la víspera de la votación con un cambio en el proyecto original y la promesa de que el texto podría modificarse durante el trámite parlamentario. Sólo consiguió convencer a sus socios de Unidas Podemos. El resto de las fuerzas que podían inclinar la balanza ante el rechazo anunciado del segundo y el tercer grupo parlamentarios -el PP y Vox- unieron a estos sus votos negativos. Ciudadanos, PNV, JxCat, ERC, BNG, Coalición Canaria y Bildu votaron por la derogación del decreto. Sólo lo hizo a favor el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien votó telemáticamente a última hora del miércoles creyendo que el texto saldría adelante, según declaró posteriormente a Europa Press.

El cambio sobre el texto original con el que Montero intentó sin éxito inclinar la balanza parlamentaria giraba sobre el criterio de reparto del fondo de 5.000 millones, una de las cuestiones que la oposición rechazaba. Según esta nueva propuesta, un 60 por ciento, hasta 3.000 millones de euros, se repartiría por criterio de población, como pedían muchos grupos y el manifiesto de 31 alcaldes de la semana pasada, y el resto se dedicaría a la movilización de los remanentes. Esta oferta tampoco fue aceptada por los grupos de la oposición.

Montero advirtió que tras el rechazo de esta propuesta no habrá una segunda propuesta para articular otro fondo, por lo que si no hay cambio de criterio, los 14.000 millones de ahorro municipal seguirán bloqueados.

En la provincia de Málaga, el ahorro de los ayuntamientos, las mancomunidades y la Diputación Provincial suma unos 500 millones de euros. Las entidades con más fondos inmovilizados son el Ayuntamiento de Mijas, con 127,4 millones de euros; el de Málaga, con 89,8 millones; el de Marbella, con 59 millones de euros-, el de Alhaurín de la Torre (36 millones) y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con 23,4. La Diputación Provincial, que contaba con un remanente acumulado de 72 millones, tiene bloqueados unos 29 millones, ya que el resto pudo utilizarse en actuaciones presupuestadas, como el Plan Málaga, según han aclarado a este periódico desde ese organismo.