Callejones sin salida

La reflexión sobre el modelo territorial se antoja imposible en estas circunstancias en las que los elementos más demagógicos están dispuestos a reventar las condiciones objetivas de un debate sereno al respecto.

Por si fuera poco, el último debate de política general protagonizado el pasado jueves por el lehendakari, Imanol Pradales, sirvió para ilustrar el achique de espacios que va a condicionar el proceso de reforma de Estatuto vasco. Metió prisa a los partidos vascos para que alumbren un nuevo acuerdo que permita al País Vasco hacer frente mejor a las necesidades de su autogobierno. El plazo de nueve meses debiera servir teóricamente a los partidos para ponerse de acuerdo antes de que los 'tiempos oscuros' oculten la luz, en una alusión a una hipotética mayoría entre el PP y Vox que el nacionalismo vasco ha convertido en un 'mantra'. En teoría, este plazo puede ser un tiempo más que suficiente para que PNV, PSE y EH Bildu aproximen posiciones de forma flexible en busca del 'parto' del nuevo Estatuto.

La reforma del marco jurídico-político solo va a ser viable si se obvia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y se busca perfeccionar en un sistema autonómico que, pese a sus carencias, ha dado importantes frutos. Es el 'elefante en la habitación' que deambula en el debate vasco desde el inicio de la Transición y que fue zanjado por la Constitución cuando reconocía los derechos históricos de los territorios forales y su actualización en la Carta Magna.

La elección del próximo mes de junio para presentar un eventual pacto sobre el autogobierno ofrece teóricamente margen de maniobra para el diálogo y la escucha, para fabricar complicidades a la hora de trenzar voluntades y propiciar acuerdos en el medio y largo plazo. No obstante, los procedimientos también son muy fijos y muy tasados y complican en la práctica que en esta legislatura vasca puedan sellarse un pacto definitivo al colocar la pelota en el tejado de las Cortes Generales. No va a haber tiempo para que el nuevo acuerdo estatutario salga a la luz.

En primer lugar, porque aunque Pedro Sánchez, previsiblemente, no vaya a convocar a corto plazo unas elecciones generales, el escenario más probable es que los comicios tengan lugar en otoño de 2026 o a comienzos de 2027, siempre antes de las elecciones municipales. No podemos obviar que a Sánchez le interesa a toda costa la cohesión de su propio electorado y eso pasa, ahora, por envolverse en la bandera de la solidaridad con Palestina y de la dureza frente a Israel. Determinadas causas encierran una poderosa movilización emocional en una coyuntura muy vulnerable para el Gobierno, que comenzó el verano cercado por las investigaciones judiciales de casos de supuesta corrupción

En este contexto tan inestable parece muy poco probable que un eventual pacto sobre el nuevo estatus pueda ser negociado con el Gobierno central y recibir el visto bueno del Congreso y del Senado con la actual correlación de fuerzas. Sobre todo porque no está claro que Junts o Podemos no vayan a poner pegas de forma y fondo a la posibilidad de un entendimiento. Más difícil sería todavía que el PP y Vox , si tienen mayoría absoluta, den luz verde a la negociación.