Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

El exministro, en su recurso de apelación, hace una suerte de enmienda a la totalidad a toda la instrucción, acusando básicamente a la Unidad Central Operativa (UCO) y a los jueces de la causa - primero Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y luego el propio Puente en el Supremo- de «falta de respeto a su inmunidad» durante toda la investigación. Según el abogado del exministro, el exfiscal Carlos Bautista, la «tónica general» de la Guardia Civil y de los magistrados antes de conseguir el suplicatorio del Congreso a principios de año fue investigarle a pesar de que no podían.

El recurso que solicita la nulidad del auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 3 de noviembre - y que argumenta múltiples vulneraciones de derechos fundamentales y errores procesales- insiste, sin pruebas, en que la UCO habría consultado bases de datos para obtener información de Ábalos antes de que perdiera su inmunidad , que fue vigilado antes del suplicatorio y que se interceptaron comunicaciones privadas cuando aun tenía el blindaje parlamentario.

La defensa, que también denuncia el cierre «prematuro» de la instrucción y que el magistrado Puente ha dejado multitud de diligencias pendientes sin realizar, pone igualmente en foco en tratar de desacreditar los audios incautados a Koldo en el registro de su vivienda en febrero de 2024 en Alicante y que son las grabaciones que implican a Ábalos en el reparto de comisiones ilegales y en un trajín de dinero en metálico cuyo origen no han aclarado ni el exministro ni su exasesor. El escrito denuncia que las evidencias digitales fueron abiertas y examinadas sin garantizar la presencia del acusado o su abogado, afectando la cadena de custodia y el principio de contradicción.

Bautista igualmente cuestiona la validez de las declaraciones del supuesto «arrepentido», Víctor de Aldama; critica la interpretación de la UCO de los datos patrimoniales de Ábalos, señalando que los ingresos y gastos están justificados y que no hay evidencia de fondos ilícitos; rechaza las acusaciones de que el extitular de Transportes recibió dádivas como inmuebles y vacaciones pagadas; y defiende la legalidad de las contrataciones las amigas del exministro Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas.