La Guardia Civil da un golpe a la corrupción municipal por toda España

La investigación del juez de la localidad tarraconense de El Vendrell Josep Bosch sobre la 'trama del 3%' sobre la supuesta financiación irregular de Convergència ha desembocado en una macrooperación que salpica también a consistorios en manos de socialistas y populares.

El nexo de toda esta inmensa red de cohechos y malversaciones son unas ficticias Entidades Públicas Empresariales Locales (EPEL), las mercantiles municipales fantasmas usadas por los empresarios detenidos para saquear impunemente las arcas consistoriales sin mirar su color político.

La Guardia Civil tuvo que movilizar, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, a 342 agentes. Las redadas se desarrollaron en las provincias de Tarragona, Barcelona, Lérida, Gerona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón y Baleares. Los funcionarios registraron ocho ayuntamientos -Torrejón de Ardoz, Chinchón y Miraflores de la Sierra, en Madrid; Ascó, Tortosa, Vandellós y l'Ametlla de Mar, en Tarragona; y Trillo, en Guadalajara-. La Guardia Civil allanó igualmente doce empresas privadas, siete entidades públicas, catorce domicilios y siete despachos por todo el país.

Los agentes del instituto armado, además, requirieron información sobre concursos supuestamente amañados, o contratos por servicios inexistentes, a quince ayuntamientos: Barcelona, Masquefa, Linars del Vallés, en Barcelona; Getafe, Velilla de San Antonio y Collado Villalba, en Madrid; La Seu d'Urgel, en Lérida; Gerona y Calonge, en Gerona; Cambrils, en Tarragona; Benicassim, en Castellón; Palos de la Frontera, en Huelva; Armilla, en Granada; y Alaior y Sóller, en Baleares.

Objetivo común

En todos los ayuntamientos, el objetivo fue el mismo: los contratos adjudicados a la consultora Efial y su sucedánea desde el pasado enero, la Consultoría en Gestión Innovadora (CGI), los dos verdaderos epicentros de la trama. Las falsas EPEL de los ayuntamientos bajo sospecha, que en realidad eran meras «figuras instrumentales y ficticias sin actividad alguna» controladas por los empresarios detenidos, según las investigaciones de la Guardia Civil, contrataban a las consultoras para realizar trabajos «igualmente ficticios». Luego, «gran parte de fondos ilícitamente obtenidos eran desviados a Andorra a través de complejas operativas mercantiles», de acuerdo con la tesis de Anticorrupción. El descaro de los detenidos era tal que en algunos casos entre los directivos de la falsas EPEL figuraba dirigentes de Efial.

Esta operativa, que tiene su origen en consistorios gobernados por CIU, fue descubierta a finales de junio de 2014 en el marco de la 'operación Turm' de la Guardia Civil sobre amaños en contratos a favor de Efial en el ayuntamiento tarraconense de Torredembarra. La investigación sobre esta mercantil (creada en 2007 y que trabajó para más de 70 ayuntamientos de CiU con solo 30 empleados) y las pesquisas conexas en 2015 sobre la 'operación Petrum' ('caso del 3%') han dejado al descubierto que la gestoría, tras cambiar de nombre por el de CGI, ha extendido sus tentáculos por numerosos consistorios de la geografía nacional en los últimos meses. La promesa de los detenidos a esos ayuntamientos ahogados por la crisis era muy atractiva: a través de las EPEL los municipios ahorrarían dinero al externalizar servicios públicos y poder deducir el IVA. La verdad era otra: los arrestados se autoadjudicaban contratos sobre trabajos que nunca se hacían, a pesar de que secretarios municipales y los interventores venían advirtiendo que esas estructuras creadas por Efial escapaban de cualquier control consistorial.

Entre los doce detenidos están los exalcaldes de Anglès Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado durante la investigación del 'caso del 3 %', y el de Ametlla de Mar Andreu Martí, también de Convergència. Los dos habría recibido mordidas por hacer la vista gorda a los desmanes de Efial en sus propios consistorios, donde crearon una suerte de «administración paralela».

Antoni Martos

Los agentes arrestaron asimismo al dueño de Efial-CGI, Antoni Martos, exalto cargo del Ayuntamiento de Barcelona, donde llegó a ser director de administración de Barcelona Gestión Urbanística. El resto de los detenidos son empresarios, responsables de la falsa consultora y dos técnicos municipales. Todos ellos están acusados de delitos contra la administración pública, organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas y fraude a las administraciones.

Además de los registros de los ocho ayuntamientos y los cuatro realizados en Andorra, los funcionarios allanaron catorce domicilios, siete despachos profesionales, doce sociedades mercantiles y siete entidades públicas en busca de pruebas de los contratos amañados.

Mandos del operativo insistieron en que la operación 'Termyca' es solo una pieza separada del 'caso del 3%' y que en este nuevo sumario, aunque deriva de las pesquisas sobre la presunta financiación irregular de Convergència, solo se indaga sobre el enriquecimiento particular de los implicados.